- La Corte enfrenta una pérdida de poder y relevancia como garante de la Constitución, luego de que se redujeron drásticamente los casos que puede revisar y, eventualmente, invalidar leyes federales.
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- La Corte enfrenta una pérdida de poder y relevancia como garante de la Constitución, luego de que se redujeron drásticamente los casos que puede revisar y, eventualmente, invalidar leyes federales.
De 2025 a lo que va de 2026, la Corte sólo ha recibido tres acciones de inconstitucionalidad contra leyes federales: dos fueron desechadas y una permanece en trámite, promovida por el PRI contra la reforma sobre integridad de candidaturas.
En contraste, otras 236 acciones se han dirigido exclusivamente contra leyes estatales, muchas de ellas sobre asuntos menores o repetitivos.
El descenso tiene entre sus causas la sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en el Congreso, que impide a la oposición alcanzar el 33 por ciento de legisladores requerido para promover estas acciones.
![](https://lucesdelsiglo.com/wp-content/uploads/2026/09/BANNERS_LLUVIAS1_500X500.jpg")
A ello se suma que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dejó de cuestionar ante la Corte reformas federales y concentra sus demandas en leyes locales.
También las controversias constitucionales han perdido peso. La desaparición de órganos autónomos como el INAI, Cofece y el IFT redujo a los actores que recurrían a esta vía para enfrentar decisiones del Ejecutivo. En 2026, de 398 controversias ingresadas, 75 fueron promovidas por el Gobierno federal contra leyes de ingresos de municipios de Michoacán.
Ante este escenario, la Corte ha recurrido con mayor frecuencia a la facultad de atracción de amparos. Entre 2025 y lo que va de 2026 ha atraído al menos 179 asuntos, frente a 151 durante todo el periodo 2021-2024. El mecanismo puede elevar su presencia pública, aunque también la obliga a resolver asuntos de legalidad y hechos que normalmente corresponden a tribunales inferiores.
El resultado, plantea el texto, es una Corte con menor capacidad para incomodar al poder político y más cercana al papel testimonial que tuvo antes de la reforma judicial de 1995.
