- Los cinco diputados del PAN dejaron la mesa antes del conteo, después de que la mayoría de Morena y sus aliados rechazó abrir un parlamento abierto sobre la reforma.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CANCÚN, Q. ROO.- La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para exigir una sola nacionalidad a quien aspire a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. La votación cerró con 26 votos a favor y cinco en contra, de legisladores del PRI y Movimiento Ciudadano. El PAN no figura entre esos cinco votos: sus cinco diputados abandonaron la sala antes de que se realizara el conteo y no dejaron registrado un solo voto en contra del blanquiazul.
La iniciativa fue enviada originalmente por la presidenta Claudia Sheinbaum y fue avalada sin modificaciones por la mayoría integrada por Morena, Partido Verde y PT.
¿Qué establece el dictamen?
• Exige ser mexicano por nacimiento y no poseer ni adquirir otra nacionalidad para contender por la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la CDMX.
• La restricción se extiende durante el ejercicio del cargo: prohíbe adquirir otra nacionalidad, usar documentación extranjera para esos efectos o acogerse a la protección diplomática de otro Estado mientras se ocupa el puesto.
• Quien tenga otra nacionalidad deberá renunciar a ella antes del registro de su candidatura.
• El Congreso y las 32 entidades federativas tendrán 90 días naturales para armonizar sus leyes locales con la reforma.
• Entraría en vigor a partir del proceso electoral de 2028, sin afectar a quienes ya están en funciones.
• Las reservas al dictamen se presentarán hasta la discusión en el pleno, prevista para después del 21 de septiembre, fecha en que se espera sea votado.
El presidente de la Comisión, el diputado de Morena Leonel Godoy, afirmó que la reforma “no está dirigida contra ninguna persona en particular” y que únicamente fija condiciones para quienes decidan aspirar a los cargos contemplados.
Reclamar audiencia y luego no presentarse a votar
Antes de la votación, el diputado panista Federico Döring solicitó establecer un proceso de parlamento abierto, argumentando que la reforma podría afectar derechos ya reconocidos a mexicanos en el extranjero. Citó cifras del Consejo Nacional de Población (Conapo), según las cuales alrededor de cuatro millones de mexicanos que viven fuera del país podrían tener doble nacionalidad. La propuesta fue rechazada por la mayoría oficialista.
Legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano coincidieron en cuestionar durante el debate la necesidad de imponer la nacionalidad única para los cargos ejecutivos señalados en el dictamen. Hasta ahí, la oposición compartía terreno. La diferencia llegó después: PRI y Movimiento Ciudadano se quedaron a votar en contra; el PAN se levantó de la mesa.
Tras el rechazo a la solicitud de parlamento abierto, la diputada panista Paulina Rubio Fernández anunció el retiro de su bancada. “Acción Nacional no puede permanecer aquí tratando de validar su imposición”, dijo la legisladora, acompañada en la salida por su compañera de partido Noemí Luna. Ambas recibieron abucheos de diputados de Morena al momento de retirarse.
Rubio y Luna acusaron a la mayoría legislativa de un doble rasero, al señalar que se cuestiona la lealtad de personas con doble nacionalidad mientras, dijeron, se respalda a perfiles señalados como presuntos informantes de gobiernos extranjeros. Es una acusación grave, y por lo mismo exigía sostenerse en la mesa hasta el final, con el voto en la mano.
En cambio, quedó como una frase de salida, pronunciada de pie y camino a la puerta, sin que el PAN pagara el costo político de defenderla con un voto en contra que constara en actas.
El resultado del retiro es medible: de los cinco votos en contra que sí se registraron, ninguno es del PAN. Quien se ausenta de una votación no la impugna, la deja pasar.
Contexto: la ruta de la reforma
El dictamen forma parte de la agenda de reformas constitucionales impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum en materia de soberanía y cargos públicos. De aprobarse en el pleno de la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado y en la mayoría de los congresos estatales —requisito para una reforma constitucional—, la nacionalidad única se convertiría en un requisito de elegibilidad adicional a los ya previstos en la Constitución para ocupar la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno capitalina a partir del proceso electoral de 2028.
