- La discusión del Presupuesto de Egresos de Veracruz para 2027 comienza a abrir uno de sus primeros frentes de presión: organizaciones sindicales y de jubilados demandan que el gobierno estatal garantice recursos suficientes para el Instituto de Pensiones del Estado (IPE).
JORGE GONZÁLEZ
XALAPA, VER.- La discusión del Presupuesto de Egresos de Veracruz para 2027 comienza a abrir uno de sus primeros frentes de presión: organizaciones sindicales y de jubilados demandan que el gobierno estatal garantice recursos suficientes para el Instituto de Pensiones del Estado (IPE).
Quieren una bolsa cercana a los 13 mil millones de pesos para atender las obligaciones pensionarias del próximo año.
El planteamiento coloca nuevamente al sistema estatal de pensiones en el centro del debate presupuestal, en un momento en que el gobierno de Rocío Nahle García deberá definir las prioridades de gasto para el próximo ejercicio fiscal y distribuir recursos entre pensiones, salud, educación, seguridad, infraestructura y programas sociales.
Las organizaciones sostienen que el presupuesto destinado al IPE debe ser suficiente para garantizar el pago oportuno de las pensiones y jubilaciones, así como evitar que las presiones financieras del organismo terminen afectando los derechos de los trabajadores retirados.
La exigencia adquiere mayor dimensión por el número de personas que dependen directamente del sistema.
El IPE concentra a decenas de miles de pensionistas y jubilados, además de una amplia base de trabajadores en activo que eventualmente tendrán derecho a una pensión, lo que mantiene una presión permanente sobre las finanzas del instituto.
El reclamo también ocurre mientras las organizaciones sindicales mantienen bajo vigilancia distintos aspectos relacionados con el cálculo de las pensiones, los procesos de jubilación y las condiciones laborales de los trabajadores que cotizan al instituto.
Uno de los puntos centrales para los sindicatos es que el gobierno estatal no reduzca los recursos destinados al sistema pensionario bajo el argumento de las restricciones presupuestales.
La petición es que el Presupuesto 2027 contemple desde el inicio una cantidad que permita atender las obligaciones del IPE sin recurrir a medidas emergentes durante el ejercicio.
El tema será particularmente relevante en las próximas semanas, cuando el Ejecutivo estatal presente ante el Congreso del Estado el proyecto de presupuesto para el siguiente año y los diputados comiencen el análisis de las partidas destinadas a organismos públicos, dependencias y programas prioritarios.
La discusión no será sencilla. El Gobierno de Veracruz deberá enfrentar simultáneamente compromisos financieros y nuevas demandas de gasto, mientras busca mantener el equilibrio de las finanzas estatales.
A nivel federal, la presentación del Paquete Económico 2027 también establece un escenario de mayor disciplina fiscal.
La propuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum contempla reducir el déficit público, con una meta de 3.9 por ciento del PIB para 2027, y plantea una estrategia basada en mayor recaudación y combate a la evasión.
Ese contexto nacional podría tener repercusiones sobre las entidades federativas, debido a que una parte importante de sus ingresos depende de las participaciones y aportaciones federales.
Para Veracruz, por ello, la elaboración del presupuesto estatal tendrá que considerar tanto las necesidades internas como el comportamiento de los recursos provenientes de la Federación.
La exigencia de alrededor de 13 mil millones de pesos coloca además una cifra concreta sobre la mesa y obliga a la administración estatal a definir cuánto está dispuesta a destinar al sistema pensionario en 2027.
El debate podría intensificarse conforme se acerque la presentación del proyecto de Presupuesto de Egresos ante el Congreso del Estado, particularmente si las organizaciones sindicales consideran que la propuesta inicial no garantiza los recursos que reclaman.
La discusión del IPE apenas comienza, pero todo apunta a que será uno de los temas sensibles de la negociación del Presupuesto 2027 de Veracruz, con sindicatos, jubilados, gobierno estatal y Congreso del Estado como actores principales.
