- La declaración representa un giro en uno de los casos judiciales más sensibles entre Washington y Caracas, después de que Saab fuera detenido en Cabo Verde en el año 2020, y extraditado a Estados Unidos para posteriormente ser liberado en 2023 como parte de un acuerdo político entre ambos gobiernos.
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WASHINGTON, D.C., EU.- Alex Saab, empresario colombiano-venezolano y ex funcionario de la administración de este último país, señalado durante años por Estados Unidos como presunto operador financiero de Nicolás Maduro, se declaró culpable este martes ante una corte federal en Miami; por un cargo de conspiración para lavar dinero como parte de un acuerdo con la Fiscalía estadounidense.
La declaración representa un giro en uno de los casos judiciales más sensibles entre Washington y Caracas, después de que Saab fuera detenido en Cabo Verde en el año 2020, y extraditado a Estados Unidos para posteriormente ser liberado en 2023 como parte de un acuerdo político entre ambos gobiernos.
En mayo pasado, fue devuelto a territorio estadounidense por el gobierno interino venezolano encabezado por Delcy Rodríguez, de acuerdo con reportes de agencias informativas internacionales.
El empresario fue acusado de participar en un esquema de lavado de dinero relacionado con contratos públicos venezolanos; empresas fachada; documentos de envío presuntamente falsificados y operaciones financieras vinculadas a la importación de alimentos desde Colombia y México para programas sociales del gobierno venezolano.
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De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Saab Morán habría utilizado bancos estadounidenses para lavar cientos de millones de dólares provenientes de negocios relacionados con el programa alimentario venezolano CLAP, y con operaciones petroleras realizadas en medio de sanciones económicas contra Caracas.
La acusación también señalaba que el esquema se amplió entre 2019 y enero de 2026, en un contexto de restricciones financieras contra el gobierno venezolano.
Alex Saab compareció ante una jueza federal en Miami para cambiar su declaración dentro del proceso.
El cargo de conspiración para lavar instrumentos monetarios puede implicar una pena máxima de hasta 20 años de prisión, aunque la sentencia final dependerá del acuerdo alcanzado con la Fiscalía y de la valoración del Tribunal.
El caso de Saab ha tenido una fuerte carga política. Para Estados Unidos, el empresario operó como una pieza clave en redes financieras asociadas al chavismo y para el gobierno de Maduro; su detención en 2020 fue presentada como una acción ilegal contra un funcionario en misión diplomática.
Su liberación en 2023 formó parte de un intercambio entre Washington y Caracas, en el que también fueron liberados ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela.
La nueva declaración de culpabilidad ocurre en un escenario de mayor presión judicial contra figuras cercanas al chavismo y en medio de investigaciones estadounidenses sobre corrupción, lavado de dinero, narcotráfico y evasión de sanciones en América Latina.
Contexto regional
En los últimos años la justicia estadounidense ha detenido, procesado o solicitado la extradición de figuras políticas, empresarios y ex funcionarios de América Latina, aunque no todos los casos han terminado de la misma forma. Algunos concluyeron en condenas, otros en acuerdos de culpabilidad y otros en liberaciones por decisiones políticas, diplomáticas o judiciales.
En el entorno venezolano, dos sobrinos de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, fueron condenados en Estados Unidos por narcotráfico, pero posteriormente fueron liberados en 2022 como parte de un intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas; no fue una liberación por falta de pruebas, sino una decisión política dentro de una negociación bilateral.
Otro caso distinto fue el de Kilmar Abrego García, ciudadano salvadoreño cuya causa se convirtió en un símbolo del debate migratorio en Estados Unidos. Fue devuelto al país tras una deportación irregular a El Salvador y enfrentó cargos federales por tráfico de personas, pero un juez desestimó la acusación al considerar que la investigación y el proceso estuvieron contaminados por una persecución selectiva. Tampoco fue un caso de alto funcionario, pero sí un ejemplo reciente de un proceso federal contra un centroamericano que terminó sin sostenerse en tribunales.
En contraste, varios expedientes contra exfuncionarios latinoamericanos sí han terminado en condenas o acuerdos judiciales. Entre ellos figuran casos como el del ex ministro boliviano Arturo Murillo, procesado en Estados Unidos por corrupción y lavado de dinero, y otros expedientes vinculados a narcotráfico o corrupción pública en Centro y Sudamérica.
Juan Orlando Hernández, ex presidente de Honduras fue procesado también por lavado y operación con recursos provenientes del narcotráfico, encarcelado en Estados Unidos y posteriormente liberado sin una justificación clara al inicio de este segundo mandato de Donald Trump.
El caso Saab destaca no sólo por la acusación de lavado de dinero sino por su dimensión diplomática: fue detenido, extraditado, liberado en un intercambio y ahora volvió a una corte estadounidense para declararse culpable dentro de un expediente que conecta corrupción, sanciones económicas, negocios públicos y la disputa política entre Estados Unidos y Venezuela.
