- El Congreso del Estado busca tipificar el uso de plataformas e instrumentos digitales como agravante del delito de acoso sexual, elevando las penas de cárcel hasta tres años de prisión para quienes incurran en esta conducta.
EUGENIO PACHECO
CHETUMAL, Q. ROO.- El Congreso del Estado busca tipificar el uso de plataformas e instrumentos digitales como agravante del delito de acoso sexual, elevando las penas de cárcel hasta tres años de prisión para quienes incurran en esta conducta.
El Pleno de la XVIII Legislatura de Quintana Roo turnó a comisiones una iniciativa de reforma al Código Penal local.
La propuesta, impulsada por la diputada Paola Moreno Córdoba, con el apoyo de la legisladora Jimena Lasa y la organización Defensoras MX, busca modificar el marco normativo actual, asentado en el artículo 130 bis del Código Penal del Estado.
Pretende incrementar las sanciones vigentes, que van de seis meses a dos años de prisión a un nuevo rango que abarca de nueve meses a tres años de cárcel.
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Además, la iniciativa contempla el incremento de las sanciones administrativas y legales para servidores públicos y docentes que cometan este delito, planteando una inhabilitación de hasta cinco años, la cual se convertiría en permanente en caso de reincidencia.
Durante su exposición en tribuna, Moreno Córdoba argumentó que, si bien la reforma no crea una nueva figura jurídica, reconoce expresamente que el empleo de redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea, correo electrónico u otros medios tecnológicos potencia el alcance, la frecuencia y el daño psicológico y emocional contra las víctimas.
Para sustentar la relevancia de la medida, la legisladora citó cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2024, las cuales señalan que 18.9 millones de personas de 12 años o más usuarias de internet sufrieron ciberacoso en México.
Reporta que 10.6 millones fueron mujeres, representando 21 por ciento del total de usuarios.
El informe indica además que 62 por ciento de las víctimas desconocía la identidad del agresor y 36 por ciento fue contactada mediante perfiles falsos.
Respecto a la población adolescente, la diputada refirió un estudio presentado en 2026 por la Unicef, el cual expone que uno de cada ocho adolescentes usuarios de internet en el país, alrededor de 1.6 millones, sufrió alguna forma de explotación o abuso sexual facilitado por herramientas tecnológicas.
Tras su presentación ante el Pleno, la propuesta inició formalmente su ruta parlamentaria en comisiones, donde será sometida a revisión técnica, mesas de trabajo y análisis por parte de los integrantes de la legislatura antes de, en su caso, ser dictaminada y sometida a votación definitiva.
