- La presión fiscal y regulatoria sobre el sector transporte también se trasladaría a servicios marítimos y portuarios.
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CIUDAD DE MÉXICO.- La presión fiscal y regulatoria sobre el sector transporte también se trasladaría a servicios marítimos y portuarios.
El Gobierno federal promueve la incorporación de al menos cuatro nuevos cobros de derechos mediante la modificación al artículo 195-Z-11 Bis Ley Federal de Derechos.
Se trata de los planes de protección de instalaciones portuarias, certificados de competencia especial (hasta ahora gratuito), autorización del Programa Maestro de Desarrollo, y reglas de operación portuaria y sus modificaciones.
Julio Zugasti, asociado senior de Hogan Lovells Cadwalader, señaló en entrevista que los cobros podrían generar sobrecostos para operadores e impactar las tarifas de los servicios marítimos que se prestan en el País.
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Estos ajustes regulatorios y tarifarios, explicó, responden al despliegue de la Política Nacional Marítima, impulsada desde hace un par de años, y a la intención del Gobierno federal de elevar la recaudación.
Al no estar previstos con anterioridad, consideró, facilita su entrada en vigor.
Agregó que debido al impacto que tendrán los cobros para los concesionarios y diversos actores del sector marítimo sería necesario dar seguimiento a la canalización de los recursos obtenidos.
Puntualizó que, si bien son conceptos dirigidos a facilitar y agilizar la labor de la autoridad, afectarán la planeación financiera de la iniciativa privada, por lo que sugirió abrir el diálogo.
“Podrían llegar a existir ciertas repercusiones que involucrarían incrementos en distintos rubros, trayendo consigo el encarecimiento de algunos servicios considerados por estos actores”, indicó.
Al cuestionarlo si esto resta competitividad al sector estes nuevos cobros dijo que en otras partes del mundo si se cobran algunos de estos derechos, sin embargo, indicó que será importante escuchar a la iniciativa privada para conocer y entender sus necesidades y fortalecer la política marítima nacional.
Por ello, consideró indispensable abrir espacios de diálogo y “sensibilización” entre las autoridades e industrias afectadas, particularmente las concesionarias portuarias, para evitar distorsiones presupuestales.
En materia de transparencia y destino de los fondos recaudados, dijo que los nuevos conceptos quedarán directamente bajo la órbita de la autoridad marítima nacional, por lo que será clave garantizar la rendición de cuentas sobre la aplicación de dichos ingresos.
