José Réyez
Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) revela que el crimen organizado y la inseguridad no sólo son un problema de seguridad pública, sino uno de los principales lastres para el desarrollo económico de la región, que pierde recursos equivalentes al 78 por ciento del presupuesto educativo anual.
América Latina y el Caribe enfrentan una realidad que trasciende lo policial y judicial. La violencia y el crimen organizado se han convertido en un “impuesto silencioso” que frena el crecimiento económico de una región que, pese a concentrar apenas el 8 por ciento de la población mundial, es responsable de un tercio de los homicidios globales.
En México, por ejemplo, los costos para las empresas son cuatro veces más altos para aquellas que denuncian la presencia de bandas delictivas en sus inmediaciones. El estudio, titulado Los costos del crimen y la violencia: ampliación y actualización de estimaciones para América Latina y el Caribe, realizado en alianza con Fedesarrollo, arroja una cifra alarmante: en 2022, los costos directos de la inseguridad en 22 países de la región alcanzaron el 3.44 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) regional.
Para poner en perspectiva esta magnitud, Nathalie Alvarado, coordinadora del área de seguridad ciudadana y justicia del BID, explicó durante la presentación del informe que “esta cifra equivale al 78 por ciento del presupuesto de educación pública de la región, es el doble del gasto en programas de asistencia social y 12 veces la inversión en investigación y desarrollo”.
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El costo calculado no es un concepto abstracto; se descompone en tres grandes áreas que afectan a distintos sectores de la sociedad:
1. El sector privado asume la mayor carga (47 por ciento): las empresas de América Latina y el Caribe destinan en promedio un 1.9 por ciento de sus ventas anuales a gastos en seguridad privada, contratación de vigilancia, instalación de cámaras y sistemas de protección. Esto representa más de 80 mil millones de dólares anuales, el doble de lo que la región invierte en innovación tecnológica. Una de cada tres empresas en la región sufre al menos un incidente delictivo al año, y el costo promedio de seguridad puede alcanzar entre el 2.3 y el 2.7 por ciento de las ventas brutas.
2. El gasto público (31 por ciento): los Estados latinoamericanos invierten entre el 2.5 y el 3 por ciento del PIB en policías, sistemas de justicia, cárceles y fuerzas armadas. Sin embargo, esta inversión no se traduce en seguridad sostenible. Mientras las tasas de resolución judicial siguen por debajo del 25 por ciento, los sistemas penitenciarios operan, en promedio, con un 138 por ciento de hacinamiento.
Y 3. La pérdida de capital humano (22 por ciento): Este es quizás el componente más trágico. Cada joven que abandona la escuela por miedo, cada trabajador asesinado o extorsionado, y cada profesional que emigra por inseguridad representa una pérdida de productividad futura equivalente a 0.7 puntos del PIB anual.
El informe revela las diferencias subregionales. El Caribe fue la zona donde estos costos fueron más elevados en 2022, alcanzando el 3.83 por ciento del PIB, seguida por Centroamérica (3.46 por ciento), la Región Andina (3.22 por ciento) y el Cono Sur (3.2 por ciento).
Jamaica y Trinidad y Tobago encabezan la lista de países con costos directos más altos, con niveles cercanos al 5 por ciento del PIB. En el extremo opuesto, Chile y República Dominicana presentan los costos más bajos, por debajo del 2.5 por ciento del PIB.
Los costos directos, sin embargo, son sólo la punta del iceberg. El crimen genera una cascada de efectos indirectos que desaceleran el crecimiento económico de mediano y largo plazo.
El FMI calcula que un aumento del 10 por ciento en los homicidios reduce la actividad económica alrededor del 4 por ciento. Reducir a la mitad las tasas de homicidio en municipios violentos podría impulsar su producción económica hasta en un 30 por ciento.
Se advierte que las dinámicas “están evolucionando de manera preocupante”. Los grupos criminales organizados, que cometen la mitad de los homicidios en las Américas, aumentan su presencia e influencia, especialmente en ciudades y territorios cercanos a puertos, rutas comerciales y zonas de industrialización.
El cibercrimen y el crimen organizado transnacional, particularmente en narcotráfico y minería ilegal, generan un entorno de incertidumbre que desalienta inversiones de largo plazo.
“El riesgo país ya no depende sólo de la deuda o la inflación, sino de cuántas rutas están bajo control de bandas, de cuántos fiscales investigan sin protección o de cuántos jueces enfrentan amenazas”, señala el análisis.
