- Comerciantes establecidos del Centro Histórico tasaron ventas no realizadas por cierres de calles y bloqueos, el fin de semana.
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- Comerciantes establecidos del Centro Histórico calcularon pérdidas por unos 320 millones de pesos por ventas no realizadas debido a cierres de calles y bloqueos, el fin de semana.
La estimación se generó como resultado de las protestas por el 12 aniversario de la desaparición de normalistas de Ayotzinapa y el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Además, advierten que las afectaciones prevalecerán hasta el 2 de octubre próximo, al prever movilizaciones por la conmemoración de la masacre de estudiantes de 1968.
Estimaciones del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y al Empresa Familiar, así como de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco), las pérdidas fueron sufridas por más de 30 mil establecimientos mercantiles en la zona del Zócalo, calles aledañas y vialidades cercanas a la avenida Juárez y el Paseo de la Reforma.
![](https://lucesdelsiglo.com/wp-content/uploads/2026/09/BANNERS_LLUVIAS1_500X500.jpg")
El presidente de comercio en pequeño, Gerardo López, explicó que más de 170 mil personas que trabajan en dichos locales tuvieron afectaciones en sus salarios y ganancias desde el viernes y hasta este domingo.
Por cada día, enfatizó, las pérdidas económicas pueden ser de hasta 300 millones de pesos, dependiendo del polígono de afectación por el cierre de vialidades.
“En el Centro, septiembre ha sido un mes en el que a lo mucho, hemos tenido siete días para trabajar con normalidad por la cantidad de cierres derivados de actos cívicos, políticos y protestas sociales.
“Así es muy difícil que una empresa pueda mantener su operación y conservar sus empleos”, lamentó.
Los locatarios y empleados formales de comercios, restaurantes, prestadores de servicios y demás establecimientos en el Centro dependen de afluencia de consumidores, del libre tránsito peatonal y vehicular y de condiciones mínimas de seguridad.
El dirigente empresarial expuso que han surgido rutas de movilidad, accesos seguros, vigilancia permanente y mecanismos de coordinación con los establecimientos comerciales, evitando cierres indiscriminados, sin que hayan sido atendidos.
Gerardo López recalcó que respetan el derecho a la manifestación, pero exigen que el comercio establecido sea protegido y deje de ser afectado.
“Estamos en contra de que la protesta se convierta en una condena para quienes todos los días tienen que abrir sus negocios para dar servicio a los ciudadanos y lograr los ingresos que les permita mantener a sus familias.
“Las autoridades deben establecer protocolos que permitan armonizar las jornadas de protesta con las actividades productivas y evitar que los comerciantes formales terminen pagando las consecuencias”, enfatizó.
Tan sólo durante la marcha por el caso Ayotzinapa, comercios establecidos tuvieron una pérdida económica de 19.7 millones de pesos por ventas no realizadas, detalló la Canaco.
El presidente del organismo, Vicente Gutiérrez, señaló que 3 mil 801 locales fueron afectados, entre el Ángel de la Independencia y la ruta por la avenida Juárez y la calle 5 de Mayo hacia el Zócalo.
Ello, debido a que tuvieron que paralizar sus actividades al paso de los contingentes donde iban bloques de personas encapuchadas que realizaron destrozos.
El líder empresarial recalcó que esas acciones significan aún más pérdidas económicas para el sector formal.
“Las pintas, destrozos y daños materiales generados en las fachadas y escaparates de los comercios no sólo desvirtúan la causa social, sino que imponen una carga económica adicional y onerosa para los empresarios formales.
Ello, al obligarlos a destinar recursos para la reparación de sus establecimientos y no para el desarrollo de sus negocios”, lamentó.
Permitir que continúen las conductas vandálicas, abundó, propicia que se ahuyente al turismo, se reduzca la afluencia de clientes y se obliga al cierre anticipado de jornadas laborales.
Lo anterior, vulnera de forma directa el derecho al trabajo, afecta la movilidad y
atenta contra el sustento de miles de familias que dependen del comercio formal en la capital del país.
