- Las carpetas de investigación iniciadas en la Fiscalía General de Justicia por aborto han incrementado desde que la discusión para eliminar su tipificación del Código Penal se frenó en el Congreso de la Ciudad.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Las carpetas de investigación iniciadas en la Fiscalía General de Justicia por aborto han incrementado desde que la discusión para eliminar su tipificación del Código Penal se frenó en el Congreso de la Ciudad.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2024 se registraron 185 denuncias.
Sólo entre noviembre y diciembre -a partir de que se congeló la despenalización total- se reportaron 36.
En 2025 hubo un incremento de 59 casos, pues se contabilizaron 244, según las cifras del SESNSP.
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En tanto, hasta el último corte del Secretariado, entre enero y agosto de 2026 se abrieron 156 carpetas de investigación relacionadas con el aborto.
Esta cifra representa un incremento de 42 casos comparado con lo reportado en el mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 114, y una disminución de apenas cuatro denuncias respecto al año pasado, pues se presentaron 160.
A casi dos años de que el proceso para eliminar la tipificación del aborto del Código Penal se encuentra empantanado, activistas por los derechos de las mujeres urgieron a que se deje de criminalizar la decisión reproductiva.
Argumentan que restringir la autonomía reproductiva vulnera derechos fundamentales y provoca riesgos para la salud física y mental de personas gestantes, ya que se las obliga a enfrentar procesos de interrupción del embarazo en condiciones de inseguridad, incertidumbre y temor.
“Resulta indispensable que el Estado abandone el uso del derecho penal como herramienta para regular el aborto y avance hacia su despenalización total”, enfatizó la organización Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
Añadió que, aun cuando la interrupción del embarazo está permitida en la Capital sólo hasta las 12 semanas, ha acompañado casos en que las personas gestantes sentían temor a enfrentar consecuencias legales o maltrato institucional, lo que las alejaba de acudir a instituciones públicas para llevar a cabo el proceso.
“Mantener el aborto en los códigos penales genera un entorno de estigmatización, miedo y vigilancia que impacta directamente en el acceso a servicios de salud oportunos, seguros y de calidad; y que profundiza desigualdades.
“Afectando de manera desproporcionada a quienes ya enfrentan mayores barreras para acceder a la salud”, alertó el GIRE.
La organización Ipas LAC también enfatizó que la despenalización total es urgente, aún más en un contexto en que la Ciudad impulsa la creación de un Sistema de Cuidados con enfoque de derechos humanos.
“Tomar decisiones sobre la propia vida reproductiva también es una forma de ejercer el autocuidado. Este no se limita a prácticas individuales de bienestar físico o emocional.
“También implica que los Estados garanticen las condiciones necesarias para tomar decisiones libres e informadas sobre la salud sexual y reproductiva”, subrayó.
