- El IPE de Veracruz enfrenta un déficit anual cercano a 4 mil millones de pesos y no puede cubrir sus obligaciones con sus propios ingresos, reconoció Rocío Nahle.
JORGE GONZÁLEZ
XALAPA, VER.- El Instituto de Pensiones del Estado (IPE) enfrenta un déficit cercano a los cuatro mil millones de pesos cada año y actualmente no logra sostener sus obligaciones únicamente con sus propios ingresos, reconoció la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García.
Ante esta situación, informó que instruyó al secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Santiago Reyes Hernández, a analizar mecanismos que permitan fortalecer las finanzas del organismo y reducir su dependencia de recursos adicionales aportados por el gobierno estatal.
Reconoció que el actual esquema financiero del instituto no alcanza para cubrir por sí mismo sus compromisos, principalmente los relacionados con el pago de jubilaciones y pensiones.
“Trae un déficit de casi cuatro mil millones de pesos al año; debería ser sostenible y sustentable, pero no es”, declaró la gobernadora al abordar la situación financiera del organismo.
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El déficit señalado representa la diferencia anual que debe cubrirse mediante recursos adicionales, por lo que no se trata de una deuda acumulada por cuatro mil millones de pesos, sino de una insuficiencia financiera que se presenta cada ejercicio para cumplir con las obligaciones del sistema.
La gobernadora explicó que desde la administración de Cuitláhuac García Jiménez se canaliza íntegramente al IPE un fondo federal que originalmente podría utilizarse para otros rubros, pero que fue destinado al respaldo del sistema estatal de pensiones.
El objetivo de la administración estatal, indicó, será encontrar una fórmula que permita disminuir esa dependencia y avanzar hacia un esquema financieramente sostenible.
Nahle García aseguró, sin embargo, que cualquier alternativa deberá partir de una condición: garantizar las pensiones de quienes dependen del instituto.
“No podemos dejar a los pensionados a la deriva”, sostuvo al señalar que solicitó a Sefiplan revisar qué mecanismos podrían aplicarse para mejorar la sostenibilidad financiera del IPE.
Hasta ahora, el gobierno estatal no ha detallado qué alternativas están bajo análisis ni si éstas implicarían modificaciones legales, cambios en las aportaciones o nuevas estrategias para generar ingresos mediante los bienes y propiedades pertenecientes al instituto.
La discusión sobre las finanzas del IPE ocurre además en medio de las inconformidades de trabajadores próximos a jubilarse por la aplicación del denominado salario regulador o ponderado, mecanismo utilizado para determinar el monto de algunas pensiones.
Este esquema considera el promedio ponderado de los salarios de cotización de los últimos 10 años y no únicamente el último sueldo percibido por el trabajador antes de jubilarse.
Representantes de 62 organizaciones sindicales cuestionaron su aplicación al considerar que puede disminuir las pensiones de trabajadores que recibieron aumentos salariales o recategorizaciones durante la última década de servicio.
En determinados casos, señalaron, las diferencias podrían alcanzar hasta 40 por ciento respecto del último salario base, por lo que algunos trabajadores han optado por aplazar sus trámites de jubilación ante los montos calculados.
Se trata, sin embargo, de estimaciones y señalamientos de las propias organizaciones sindicales y no de una reducción general reconocida oficialmente por el IPE.
Por ello, los sindicatos propusieron revisar la aplicación del salario regulador para que no opere de manera generalizada y se concentre en casos considerados atípicos, particularmente cuando existieron recategorizaciones durante los últimos años de servicio.
