- Nueve periodistas en Veracruz cuentan actualmente con medidas de protección de alto impacto debido a situaciones de riesgo relacionadas con el ejercicio de su actividad profesional.
JORGE GONZÁLEZ
VERACRUZ, VER.- Nueve periodistas en Veracruz cuentan actualmente con medidas de protección de alto impacto debido a situaciones de riesgo relacionadas con el ejercicio de su actividad profesional.
Así lo informó el presidente de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (Ceapp), Luis Orencio Ramírez Baqueiro.
Explicó que entre las medidas implementadas para algunos de los comunicadores se encuentran la asignación de escoltas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la entrega de chalecos antibalas.
Son acciones que forman parte de los mecanismos destinados a reducir los riesgos identificados en cada caso.
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Ramírez Baqueiro evitó revelar la identidad de los nueve periodistas protegidos, debido precisamente a las condiciones de seguridad que enfrentan.
También aclaró que contar con medidas de alto impacto no significa necesariamente que todos se encuentren ante una amenaza inminente o que las circunstancias de riesgo sean iguales.
La protección se determina a partir de las características particulares de cada expediente y de las evaluaciones de riesgo correspondientes, por lo que las medidas pueden responder a amenazas, agresiones, hostigamiento u otras circunstancias vinculadas con el trabajo periodístico.
El presidente de la Ceapp señaló que durante 2026 han sido asesinados tres periodistas en Veracruz: uno en la zona sur y dos en la región de Poza Rica, hechos que han incrementado la preocupación de las organizaciones y autoridades encargadas de proteger a quienes ejercen el periodismo.
De acuerdo con el funcionario, quienes cubren información policiaca, nota roja y hechos relacionados con grupos criminales se encuentran entre los comunicadores con mayor exposición a situaciones de riesgo, particularmente en regiones donde existe presencia de organizaciones delictivas.
La zona norte del estado, específicamente Poza Rica, representa uno de los principales focos de atención para la Ceapp debido a los hechos violentos registrados durante este año y a las condiciones en las que trabajan los periodistas que dan cobertura a información de seguridad.
Sin embargo, Ramírez Baqueiro señaló que el panorama debe analizarse con precisión y que la existencia de medidas de protección no significa que todos los periodistas del estado se encuentren bajo una amenaza permanente.
Otro caso que recientemente requirió la intervención de la Ceapp ocurrió en Acayucan, donde periodistas denunciaron amenazas y hostigamiento que relacionaron con autoridades municipales, a raíz de coberturas periodísticas.
La Comisión intervino como instancia de protección y mediación, con el propósito de atender la situación y buscar condiciones que permitan a los comunicadores continuar con su trabajo.
El caso también pone de manifiesto que los riesgos para el ejercicio periodístico no necesariamente provienen de un solo actor.
Las agresiones o amenazas pueden presentarse en distintos contextos y deben ser evaluadas de manera individual para determinar las medidas de protección correspondientes.
La Ceapp señaló en que no toda diferencia entre periodistas y autoridades constituye por sí misma una agresión, aunque cualquier señalamiento de amenaza, intimidación u obstaculización del trabajo periodístico debe ser revisado para determinar si existe un riesgo que requiera intervención.
El dato de los nueve periodistas con protección de alto impacto se conoce en un contexto marcado por los tres homicidios registrados en el gremio durante 2026 y por la preocupación existente en distintas regiones del estado.
Las medidas implementadas, que incluyen desde acompañamiento policial hasta protección física especializada, reflejan la existencia de expedientes en los que las autoridades consideran necesario adoptar acciones adicionales para preservar la integridad de los comunicadores.
Para la Ceapp, el reto consiste no solamente en reaccionar ante las agresiones, sino también en identificar oportunamente los factores de riesgo y establecer mecanismos preventivos que permitan a los periodistas desarrollar su labor sin que las amenazas o intimidaciones limiten su trabajo.
