Denuncia Veracruz a Grupo MAS por presunto fraude en cobros de agua

Fecha:

  • El Ayuntamiento de Veracruz presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo MAS), concesionaria del servicio de agua potable y saneamiento.

JORGE GONZÁLEZ

VERACRUZ, VER.- El Ayuntamiento de Veracruz presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo MAS), concesionaria del servicio de agua potable y saneamiento.

Señala presuntos delitos de administración fraudulenta y fraude en grado de tentativa, a partir de una serie de irregularidades financieras y cobros cuestionados por la autoridad municipal.

La alcaldesa Rosa María Hernández Espejo informó que la denuncia busca que las autoridades ministeriales investiguen las operaciones de la empresa, incluidos los adeudos que pretendía cobrar a miles de usuarios, pagos a compañías relacionadas con la española Acciona y remuneraciones de sus directivos.

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Uno de los principales señalamientos corresponde a una cartera de adeudos estimada en dos mil 660 millones de pesos, relacionada con más de 82 mil familias usuarias.

De acuerdo con la versión del gobierno municipal, el Instituto Metropolitano del Agua (IMA) revisó la documentación presentada por la concesionaria y encontró inconsistencias y elementos insuficientes para acreditar la procedencia de los montos reclamados.

Dentro de esa cartera, el ayuntamiento señaló alrededor de 656 millones de pesos correspondientes a consumos que no habrían sido facturados; también cuestionó la antigüedad de algunas cuentas, la posible prescripción de determinados adeudos y los recargos aplicados.

La administración municipal considera necesario esclarecer cómo se integraron esas cantidades, qué documentación respalda los cobros y si la empresa cuenta con fundamentos contractuales y legales para exigir el pago a los usuarios.

Los señalamientos no significan que la totalidad de la cartera sea improcedente ni que se haya acreditado la comisión de un delito; corresponderá a la Fiscalía determinar si existen elementos suficientes para establecer responsabilidades.

Otro de los puntos que el ayuntamiento solicitó investigar son pagos por aproximadamente 176.7 millones de pesos realizados durante 2024 y 2025 por servicios de empresas relacionadas con Acciona.

La autoridad municipal busca que se determine la naturaleza de esas operaciones, los servicios que las respaldaron y si se apegaron a las condiciones establecidas en el contrato de concesión y en los acuerdos de la sociedad mixta que opera el servicio.

El gobierno municipal también cuestionó las remuneraciones de directivos de Grupo MAS, al señalar sueldos anuales que alcanzarían hasta 5.8 millones de pesos.

De acuerdo con la administración local, debe revisarse si esas percepciones fueron autorizadas conforme a las reglas corporativas y con la participación que corresponde a los socios públicos.

En este punto, la investigación deberá establecer quién autorizó los pagos, bajo qué criterios se fijaron las remuneraciones y si existieron incumplimientos contractuales o administrativos.

La denuncia incluye la petición de realizar peritajes contables y financieros, revisar contratos y documentación fiscal, así como analizar las observaciones de auditoría relacionadas con las operaciones cuestionadas.

También se ha planteado solicitar la intervención del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para revisar posibles irregularidades fiscales.

Grupo MAS opera el servicio de agua potable y saneamiento en Veracruz, Boca del Río y Medellín de Bravo mediante una concesión otorgada en 2015; la empresa está vinculada con Acciona, compañía española que participa en el sector de infraestructura y servicios.

Hasta el momento, los señalamientos corresponden a la versión del ayuntamiento y deberán ser contrastados con la documentación que presente la concesionaria.

Más allá de la disputa entre la autoridad municipal y la concesionaria, el expediente pone sobre la mesa la necesidad de transparentar el manejo de los recursos, la integración de los cobros y las condiciones bajo las cuales se presta el servicio de agua en la zona conurbada.

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