- El CED remarcó que existen indicios fundados de la comisión de desapariciones forzadas en el país y de la persistencia de esta práctica.
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas, Juan Pablo Albán, defendió ayer la decisión de ese órgano de solicitar la intervención de la Asamblea General de la ONU para atender la situación en México.
Al presentar su informe anual ante la Tercera Sección de la Asamblea, en Nueva York, remarcó que para el CED existen indicios fundados de la comisión de desapariciones forzadas -tipificadas como crímenes de lesa humanidad- en el país y de la persistencia de esta práctica.
El Comité, señaló, llegó a esa conclusión, tras examinar la información proporcionada por el Estado mexicano, las aportaciones de las víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil, junto con los antecedentes recopilados desde 2012, momento en que se inició el procedimiento.
Y decidió, en abril de este año, aplicar por primera vez el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, explicó, para someter la situación a examen de la Asamblea General con carácter de urgencia.
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“Esta decisión no constituye una determinación de la responsabilidad internacional del Estado mexicano; asimismo, el Comité no halló indicios fundados de la existencia de una política a nivel federal orientada a la comisión de desapariciones forzadas. Ya sea mediante una acción deliberada o por omisión”, subrayó.
Luego de la presentación de su informe, Albán reprochó el que hayan sido retirados de la sala donde se realizó la sesión familiares y activistas que mostraron fotografías de desaparecidos en México.
En la sesión, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, rechazó la interpretación del CED y señaló que el Estado mexicano “no consiente ni tolera” este delito.
