- Suspensiones laborales, cambios de plantel, exposición pública, afectaciones económicas y daños a la reputación y al entorno familiar son algunas de las consecuencias que enfrentan docentes señalados por presuntos abusos que posteriormente no logran acreditarse.
EUGENIO PACHECO
CHETUMAL, Q. ROO.- Suspensiones laborales, cambios de plantel, exposición pública, afectaciones económicas y daños a la reputación y al entorno familiar son algunas de las consecuencias que enfrentan docentes señalados por presuntos abusos que posteriormente no logran acreditarse.
Así lo advirtió el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), al salir en defensa de sus agremiados.
Ante esta situación, la Sección 25 del SNTE impulsa reformas legales para sancionar las acusaciones falsas y garantizar la reparación del daño al magisterio.
Sin embargo, la Asociación de Padres Aliados de la Educación advierte que el elevado número de expedientes desestimados también refleja las deficiencias del marco jurídico para investigar las posibles agresiones contra estudiantes.
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El secretario general de la Sección 25 del SNTE, Arimael Salas Alcocer, informó que el sindicato promueve iniciativas ante el Congreso de Quintana Roo y el Senado de la República para establecer sanciones contra quienes presenten denuncias falsas y garantizar mecanismos de reparación para los profesores afectados.
De acuerdo con el dirigente sindical, alrededor de 85 por ciento de las quejas registradas resultan improcedentes después de las investigaciones.
Sostuvo que, aun cuando los señalamientos no se acreditan, los maestros pueden sufrir consecuencias laborales, económicas y personales, desde la separación de sus funciones y el cambio de escuela hasta la exposición pública e incluso detenciones que calificó de injustificadas.
Entre los casos referidos por el líder magisterial figuran denuncias contra profesores y directivos por medidas disciplinarias que presuntamente vulnerarían los derechos humanos de los estudiantes.
También señalamientos relacionados con supuestos abusos o insinuaciones de carácter sexual contra docentes que, de acuerdo con el sindicato, no han podido comprobarse.
Salas Alcocer advirtió que uno de los principales problemas es que los profesores pueden ser señalados públicamente, suspendidos o reubicados mientras se desarrollan las investigaciones, con consecuencias para su estabilidad laboral, sus ingresos y su reputación.
Además, señaló que, cuando son exonerados, no existen mecanismos suficientes para resarcir los daños ocasionados.
Por ello, el SNTE plantea establecer protocolos de actuación con la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) que garanticen la presunción de inocencia de los trabajadores de la educación, procedimientos de investigación adecuados y medidas para evitar que una acusación sin sustento se traduzca automáticamente en una sanción.
Protección a estudiantes
En una postura distinta, aunque coincidente en la necesidad de modificar las reglas vigentes, el representante de la Asociación de Padres Aliados de la Educación, Héctor Santín Gómez, consideró que la improcedencia de numerosas denuncias no significa que las agresiones contra niñas, niños y adolescentes no ocurran.
A su juicio, parte del problema radica en la falta de un marco jurídico sólido que permita investigar los hechos, reunir pruebas y sustentar legalmente las resoluciones.
Esta debilidad, sostuvo, deja en una situación de vulnerabilidad tanto a los estudiantes que pudieran ser víctimas de abusos como a los docentes que enfrentan acusaciones.
Santín Gómez explicó que el actual Marco de Convivencia Escolar funciona principalmente como un reglamento interno, sin el alcance procesal ni la fuerza de una ley que permita establecer procedimientos claros y obligaciones precisas para atender las denuncias.
Ante este escenario, la asociación propone elevar el Marco de Convivencia Escolar a rango de ley, con protocolos equilibrados que permitan proteger la integridad de los menores, investigar de manera objetiva los señalamientos y garantizar el derecho de defensa de los maestros involucrados.
Entre sus propuestas también figura instalar sistemas de videovigilancia en áreas comunes de los planteles, como pasillos y canchas, con el propósito de contar con elementos objetivos que contribuyan al esclarecimiento de posibles incidentes.
La representación de los padres de familia convocó a la dirigencia de la Sección 25 del SNTE a establecer mesas de trabajo con legisladores y tutores para construir una propuesta legislativa integral.
El objetivo, planteó, debe ser establecer reglas claras para prevenir y atender los abusos, proteger a los estudiantes, garantizar investigaciones imparciales y evitar que tanto las víctimas como los docentes acusados queden desprotegidos ante la falta de mecanismos legales eficaces.
