- La crisis hídrica, el desplazamiento de personas, la gentrificación y el crecimiento irregular de las ciudades serán parte de los temas de capacitación, investigación y análisis jurídico contemplados en el acuerdo de cooperación.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- La crisis del agua, el desplazamiento de personas, la gentrificación y la expansión urbana irregular figuran entre los principales desafíos que buscarán abordar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y ONU-Habitat mediante un acuerdo de cooperación destinado a fortalecer las capacidades institucionales para atender conflictos urbanos desde una perspectiva de derechos humanos.
Estos problemas, que afectan las condiciones de vida de la población y plantean nuevos retos para el acceso a la justicia, fueron identificados por el ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, durante la firma de un memorándum de entendimiento con la directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat), Anacláudia Rossbach.
El convenio establece mecanismos de colaboración académica, jurídica y técnica para impulsar actividades de formación especializada, investigación, análisis de casos e intercambio de experiencias relacionadas con el desarrollo urbano sostenible y la protección de los derechos humanos.
La intención es que el máximo tribunal cuente con mayores herramientas de conocimiento para examinar las problemáticas derivadas de la transformación de las ciudades, particularmente aquellas vinculadas con el acceso al agua, la ocupación del territorio, el desplazamiento de habitantes y los efectos del crecimiento urbano.
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Durante la ceremonia, Aguilar Ortiz subrayó que estos fenómenos forman parte de las dificultades que enfrentan cotidianamente distintas comunidades y que requieren respuestas institucionales respaldadas por conocimientos especializados.
“Son problemáticas que tenemos todos los días de manera constante. Así que este memorándum de entendimiento para fortalecer la capacitación, el intercambio de experiencias, el análisis de casos es muy útil para la Suprema Corte”, afirmó.
El ministro presidente destacó que la colaboración con organismos internacionales permitirá compartir experiencias y fortalecer el estudio de asuntos relacionados con los derechos de las personas que habitan en zonas urbanas.
Asimismo, consideró que la atención de estos desafíos demanda esfuerzos conjuntos entre instituciones, debido a que sus consecuencias trascienden distintos ámbitos de la vida social.
“El futuro, la justicia y el bienestar lo vamos a construir entre todos, porque creo que es un objetivo común, un reto común y son problemáticas comunes”, expresó.
Por su parte, la directora ejecutiva de ONU-Habitat, Anacláudia Rossbach, reconoció el papel de México en el desarrollo de marcos jurídicos progresistas en materia urbana y destacó la importancia de fortalecer la cooperación institucional para avanzar hacia ciudades más inclusivas y sostenibles.
Señaló que el acuerdo se establece en un momento estratégico para contribuir al cumplimiento de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, particularmente del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, que plantea lograr ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
En este contexto, el intercambio de conocimientos entre la Suprema Corte y ONU-Habitat estará orientado a fortalecer las capacidades institucionales mediante el estudio de experiencias, herramientas técnicas y enfoques jurídicos relacionados con los desafíos urbanos.
Entre las actividades previstas se encuentran programas de formación, investigaciones conjuntas, análisis de casos e intercambio de experiencias que permitan profundizar en las implicaciones de estos fenómenos para el ejercicio de los derechos humanos y el acceso a la justicia.
El memorándum constituye un marco general de cooperación y no establece, de acuerdo con la información difundida, fechas específicas para el inicio de las actividades, recursos presupuestales asignados ni un calendario de resultados.
A la firma asistieron la coordinadora residente de las Naciones Unidas en México, Allegra María del Pilar Baiocchi; el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Oscar Solera, así como autoridades regionales de ONU-Habitat.
Por parte de la Suprema Corte participaron la ministra Lenia Batres Guadarrama y los ministros Giovanni Azael Figueroa Mejía e Irving Espinosa Betanzo, además de integrantes de la Secretaría General de la Presidencia y de distintas áreas del máximo tribunal.
