- Los 10 integrantes del Consejo General del INE están divididos en si pedir la renuncia a todos los directivos de primer nivel o sólo aquellos que tienen señalamientos negativos.
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- Los 10 integrantes del Consejo General del INE están divididos en si pedir la renuncia a todos los directivos de primer nivel o sólo aquellos que tienen señalamientos negativos.
También están a la espera de que la Cámara de Diputados apruebe la convocatoria para elegir a la próxima presidenta del Instituto, para definir más cambios o esperar a la nueva titular.
Mientras tanto, será hasta el próximo martes que soliciten más renuncias a funcionarios de primer y segundo nivel, pero prevén que más empleados de toda la estructura, quienes fueron colocados por la ex presidenta Guadalupe Taddei, entreguen la plaza.
Algunos consejeros entrevistados advierten que los 14 integrantes de la Junta General Ejecutiva -integrada por directivos de primer nivel del INE- deben irse porque pesa sobre ellos “la sombra de que fueron nombrados por la ex presidenta”.
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Ante la falta de un acuerdo, la salida ha sido, afirman, que se vayan quienes han aparecido en videos o notas periodísticas con acusaciones muy claras.
La próxima semana discutirán si siguen quienes no han dado resultados o se dedicaron a bloquear información a consejeros. Entre ellos, acusan, Mario Alberto Alejo, titular de la Unidad de Fiscalización; y Anahí Silva, directora de Asuntos Jurídicos.
La mayoría coincide en que el secretario ejecutivo, Roberto Félix, debe irse, por la cercanía tan estrecha con la sonorense, pues durante tres años fue su mano derecha.
Lo mismo sucede con Fernanda Romo, de Vinculación con OPLES, pues llegó con Taddei, después de trabajar con ella en Sonora.
Consejeros consultados informaron que Jorge Egren Moreno, director del Servicio Profesional Electoral Nacional, podría irse la próxima semana.
Lo mismo sucede con Marisa Arlene Cabral Porchas, paso de coordinadora de Asuntos Internacionales a vocal local en Sonora. Sin embargo, participantes en el proceso, que se definió en octubre pasado, acusaron favoritismo.
