- Empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas obtuvieron contratos por $2 mil 740.3 millones con organismos públicos locales electorales en una década.
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- Empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas obtuvieron contratos por $2 mil 740.3 millones con organismos públicos locales electorales (OPLEs), entre 2015 y 2025.
La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, detalló que entre las principales beneficiarias aparecen Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Comercializadora JVLY y Corporativo ZEG, con adjudicaciones millonarias para suministrar materiales electorales en distintas entidades del país.
“Pero todas las empresas, aunque participaban muchas empresas en teoría, pues al final el beneficiario final eran los mismos hermanos Casillas en todos los casos”, afirmó durante su participación en la conferencia mañanera.
Empresas y montos
De acuerdo con las cifras presentadas, las empresas vinculadas con los Hernández Casillas obtuvieron contratos por 2 mil 94 millones de pesos en 23 de los 32 organismos electorales estatales entre 2015 y 2023.
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En ese periodo, Formas Finas y Materiales encabezó las adjudicaciones con $825.6 millones, seguida de Cajas Graf, con $751.2 millones, y Seriplast de México, con $380.5 millones.
Las tres compañías concentraron contratos por $1,957.3 millones, equivalentes a aproximadamente el 93.5 por ciento de los recursos identificados para ese periodo.
Otros proveedores fueron Corporativo ZEG, con $101.2 millones, y Formas Finas Fernando Fernández, con $35.5 millones.
Por entidades
En el desglose por entidades, Veracruz registró el mayor monto de contrataciones con $570.4 millones, seguido de Nuevo León con $314.2 millones, Hidalgo, con $203.6 millones, Oaxaca con $200.4 millones, y Coahuila con $139.6 millones.
También figuraron Sonora con $110.7 millones, y Chiapas con $105 millones.
Para 2024 y 2025, la red empresarial consiguió otros $646.3 millones en contratos con 15 organismos electorales locales.
En esos dos años, Comercializadora JVLY encabezó las adjudicaciones con $234.7 millones, seguida de Cajas Graf con $181.9 millones, Corporativo ZEG con $123.7 millones, y Formas Finas y Materiales con $105.9 millones.
Puebla fue la entidad con mayores contrataciones en ese periodo con $129.7 millones, seguida de Jalisco con $102.2 millones, Baja California con $76.6 millones, Oaxaca con $64.9 millones y Sinaloa, con $46.4 millones.
Los registros exhibidos por la secretaría muestran que 2021 fue el mayor volumen de contrataciones, al alcanzar $908 millones, mientras que en 2024 se registraron adjudicaciones por $582.4 millones. Para 2025, el monto identificado fue de $63.9 millones.
Crecer cifras
Raquel Buenrostro advirtió que las cifras podrían incrementarse conforme avancen las auditorías, debido a que la investigación se elaboró con información de fuentes abiertas, entre ellas la Plataforma Nacional de Transparencia y los registros históricos de Compranet.
“Estos números seguramente se van a mover con las investigaciones que está haciendo la Auditoría Superior de la Federación (ASF), porque como estamos usando fuentes abiertas, a veces no todos los sujetos obligados suben la información y no todos los contratos están arriba”, explicó.
La funcionaria denunció que las compañías operaban mediante un esquema de simulación de competencia en licitaciones, en el que distintas empresas aparentemente independientes presentaban ofertas, aunque sus beneficiarios finales eran los mismos empresarios.
“En todas las empresas estaban relacionadas o vinculadas con los hermanos Hernández Casillas y lo que hacían es que entraban a las licitaciones, pero como ellos tienen conocimiento de todas las empresas, simulaban con los precios, ya se ponían de acuerdo quién iba a ganar”, sostuvo.
La presentación identificó una estructura empresarial de seis compañías que presuntamente coordinaban sus propuestas económicas para determinar anticipadamente cuál obtendría el contrato.
Socios y familiares
También documentó vínculos familiares entre socios, administradores y representantes legales de las compañías.
Entre ellos aparecen Raymundo Hernández Velázquez y Tatiana Patricia Hernández Velázquez, hijos de José Alfredo Hernández Casillas.
Raquel Buenrostro afirmó que algunas de las empresas no declaran trabajadores ni capacidad técnica y comparten domicilios y números telefónicos, mientras que los recursos recibidos por contratos públicos son transferidos a otras sociedades y personas físicas.
“Las empresas no declaran empleados, no declaran capacidad técnica, muchas de las empresas tienen la misma dirección, el mismo teléfono, son empresas como fantasmas”, señaló.
