- Desde las aulas y a partir de la infancia, niñas y niños podrían recibir formación para identificar, cuestionar y rechazar prácticas de corrupción, de aprobarse una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado.
EUGENIO PACHECO
CHETUMAL, Q. ROO.– Desde las aulas y a partir de la infancia, niñas y niños podrían recibir formación para identificar, cuestionar y rechazar prácticas de corrupción, de aprobarse una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado.
La propuesta, presentada por el diputado Santiago Frías Canché, fue turnada a comisiones legislativas para su análisis.
Busca incorporar contenidos específicos sobre prevención de la corrupción en los planes y programas de estudio de educación básica, con el propósito de fomentar desde temprana edad una cultura de honestidad, legalidad e integridad.
Para ello, plantea modificar el artículo 54, fracción XV, de la legislación estatal, con el fin de establecer como obligación de la Secretaría de Educación incluir estos temas en la formación académica de niñas, niños y adolescentes.
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Al presentar la iniciativa ante el Pleno, el legislador argumentó que el combate a la corrupción no debe concentrarse únicamente en investigar y sancionar los delitos una vez cometidos, sino en prevenirlos mediante la educación y la formación de ciudadanos con principios éticos.
Señaló que es necesario romper con la normalización de conductas deshonestas y del abuso de poder, además de transmitir a las nuevas generaciones que el desarrollo personal y profesional debe sustentarse en el esfuerzo, la responsabilidad y la honestidad, sin perjudicar a otras personas ni disponer indebidamente de los recursos públicos.
La iniciativa también contempla fortalecer entre los estudiantes valores como la justicia, la transparencia, la responsabilidad y el respeto al interés público, así como desarrollar capacidades para reconocer sus derechos y comprender la importancia de vigilar el ejercicio de los asuntos gubernamentales.
Uno de los argumentos centrales de la propuesta es que la corrupción no representa únicamente una falta administrativa o un delito, sino que tiene consecuencias directas en la vida cotidiana de la población, al afectar la disponibilidad de recursos para construir infraestructura, mejorar los servicios públicos y atender necesidades sociales.
Con esta reforma, se busca que las nuevas generaciones cuenten con herramientas para reconocer y rechazar las prácticas corruptas, en lugar de asumirlas como comportamientos habituales o inevitables dentro de la sociedad.
La iniciativa quedó en manos de las comisiones correspondientes, que deberán realizar su estudio y análisis antes de emitir el dictamen que, en su caso, será sometido a consideración del pleno legislativo.
