- Integrantes del colectivo Madres Luna y familiares de personas desaparecidas tomaron este miércoles las instalaciones de las fiscalías especializadas en desaparición de personas de Córdoba y Orizaba.
JORGE GONZÁLEZ
ORIZABA, VER.- Integrantes del colectivo Madres Luna y familiares de personas desaparecidas tomaron este miércoles las instalaciones de las fiscalías especializadas en desaparición de personas de Córdoba y Orizaba.
Exigen una reunión con la fiscal general del estado, Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, y denunciar las deficiencias que enfrentan en la atención de sus casos.
Las movilizaciones se realizaron de manera simultánea en ambas ciudades de la región centro de Veracruz, como parte de una jornada de protestas impulsada por colectivos de búsqueda de distintas regiones de la entidad, ante la falta de respuesta a sus solicitudes de diálogo con la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Marcela Zurita Rosas, representante del colectivo Madres Luna, explicó que las familias buscan establecer una mesa de trabajo directamente con la fiscal general para exponer las necesidades de los colectivos, conocer el plan de trabajo de la institución y plantear los problemas que enfrentan en las investigaciones por desaparición.
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Señaló que desde que la actual titular asumió el cargo, han solicitado una audiencia para que escuche directamente a las madres buscadoras y conozca las condiciones en las que trabajan las distintas representaciones ministeriales, pero al no obtener una respuesta decidieron recurrir nuevamente a las movilizaciones.
La activista aclaró que la exigencia no corresponde únicamente a Madres Luna, sino a diferentes agrupaciones que enfrentan dificultades similares en sus procesos de búsqueda.
En Orizaba, una de las principales demandas es la designación de un fiscal titular que atienda de manera permanente la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, debido a que, según denunciaron las familias, actualmente la oficina opera sin un responsable de planta y únicamente cuenta con personal de guardia.
Los familiares señalaron que esta situación ha provocado dificultades para dar seguimiento a las carpetas de investigación, conocer los resultados de las diligencias y obtener información sobre las acciones emprendidas para localizar a sus seres queridos.
Durante la protesta expusieron distintos casos que reflejan las dificultades que enfrentan; uno de ellos corresponde a una persona que lleva aproximadamente siete años desaparecida, sin que sus familiares hayan recibido información concreta sobre su localización.
También denunciaron el caso de Odilón de Jesús Morales Bonilla, desaparecido en Orizaba desde el pasado 12 de septiembre. Su madre aseguró que desde que presentó la denuncia no ha obtenido resultados concretos sobre la búsqueda de su hijo.
La mujer relató que entre las respuestas recibidas durante las diligencias le informaron que las cámaras de videovigilancia que podrían aportar elementos para conocer lo ocurrido presuntamente no estaban funcionando.
Además, explicó que hace aproximadamente 15 días acudió nuevamente a las oficinas ministeriales y encontró que la agente que anteriormente atendía su expediente ya no trabajaba en esa representación.
Posteriormente le indicaron que se comunicarían con ella, pero hasta el momento continúa esperando una respuesta.
Otro de los casos expuestos fue el de Miguel Ángel Cervantes Constantino, cuya desaparición supera los seis meses.
Sus familiares afirmaron que han proporcionado información para contribuir a la investigación, pero no han recibido respuestas satisfactorias sobre las acciones realizadas para localizarlo.
En Córdoba, los colectivos también ocuparon las instalaciones de la Fiscalía Especializada para exigir atención directa de las autoridades estatales y una reunión que permita exponer las carencias de personal y las necesidades de las familias.
La protesta en ambas ciudades se suma a las acciones realizadas previamente en Coatzacoalcos; integrantes de colectivos de Xalapa anunciaron la entrega de un documento en las oficinas centrales de la Fiscalía General del Estado para formalizar la solicitud de audiencia con la fiscal general.
Las movilizaciones forman parte de una estrategia de alcance estatal que busca reunir a diferentes agrupaciones de familiares de personas desaparecidas y conseguir compromisos institucionales para mejorar la atención de los casos. Para este jueves se tiene prevista otra movilización en Poza Rica.
Las madres buscadoras insistieron en que necesitan algo más que respuestas generales sobre la continuidad de las investigaciones.
Exigen personal especializado, seguimiento permanente de las carpetas, información verificable sobre las diligencias y mecanismos de comunicación directa con las familias.
La toma de las fiscalías de Córdoba y Orizaba vuelve a colocar en la agenda pública la exigencia de los colectivos de búsqueda de ser escuchados por las autoridades y la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de investigar las desapariciones en Veracruz.
