- Las reformas a la Ley de Cultura Cívica proponen ofrecer mecanismos de integración social a primodelincuentes, antes de enfrentar una denuncia penal en el Ministerio Público.
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- Las reformas a la Ley de Cultura Cívica proponen ofrecer mecanismos de integración social a primodelincuentes, antes de enfrentar una denuncia penal en el Ministerio Público, expuso la Consejería Jurídica y de Servicios Legales en reunión con diputados.
“La que ha sido más controvertida que es que Justicia Cívica pueda tratar el apoderamiento de hasta 50 UMAS (Unidad de Medida y Actualización). Con requisitos, es decir, el robo de cosas pequeñas, menores”, explicó la directora de Justicia Cívica, Alejandra Negrete.
Quien robe bienes menores a 5 mil 800 pesos tendría opciones, siempre y cuando cumpla con requisitos, como tratarse de una primera vez, realizada sin violencia o si la víctima acepte la devolución del árticulo, aún cuando puede optar por presentar denuncia penal en el MP.
“Ven a Justicia Cívica no para convertirte en un delincuente, sino para reeducar y ver si podemos lograr sacarte de ese espacio y de esa conducta”, indicó Negrete.
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El cambio implica redefinir el papel de los 60 jueces cívicos, quienes deberán conocer los problemas de las comunidades, al acudir a asambleas en las colonias y proponer al infractor realizar labores en territorias, para integrarlo, con programas para alejar a dichas personas del delito.
“Si hay carpeta del MP, Justicia Cívica deja de tener injerencia en el caso”, precisó Negrete.
Legisladores reconocieron que esta sería una forma de reducir la sobrepoblación en las prisiones.
Cuestionaron que hay casos con una línea delgada, como en faltas contra la integridad de mujeres, que de ser condonadas pueden inducir a conductas reincidentes, con mayor agresividad sexual.
Vecinos plantearon un caso en la Colonia Las Águilas, donde una persona en condición de calle y con adicciones ha sido remitida a los Juzgados Cívicos de la Alcaldía Álvaro Obregón.
“Los policías nos dicen que hacen su trabajo, lo remiten pero lo sueltan por tener una discapacidad ocasionada por las drogas, vuelve a la colonia en donde en su casa lo echan nuevamente a la calle”, reportaron.
De acuerdo con la iniciativa, estos casos serían abordados por los juzgados con esquemas de reinserción social.
