- Una mujer sentenciada por robo agravado en el Estado de México consiguió que la Suprema Corte ordenara revisar su caso bajo una perspectiva de género, al considerar que no se analizaron suficientemente las posibles condiciones de violencia y subordinación en su relación con el coacusado, quien era su pareja sentimental.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- Una condena de 20 años y seis meses de prisión por un robo cometido en transporte público de pasajeros deberá someterse a una nueva revisión judicial, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) advirtiera que las autoridades no examinaron integralmente las circunstancias personales de la mujer sentenciada ni la posible influencia de su relación de pareja en los hechos que se le atribuyeron.
La mujer había denunciado irregularidades durante su detención, que aseguró ocurrió de manera violenta mientras se encontraba acompañada de su hija y cursaba un embarazo de alto riesgo. También cuestionó que los tribunales anteriores hayan omitido valorar posibles condiciones de dependencia, subordinación o violencia en su relación con el otro acusado.
Estos planteamientos llegaron al Pleno de la Suprema Corte mediante el amparo directo en revisión 3320/2026, resuelto este lunes por ocho votos contra uno, bajo la ponencia del ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía.
El proceso penal se originó por un robo cometido en transporte público de pasajeros mediante violencia moral, delito previsto y sancionado en el Código Penal del Estado de México. La mujer fue sentenciada a 20 años y seis meses de prisión. Posteriormente, un tribunal de apelación confirmó la condena.
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Inconforme, promovió un juicio de amparo directo en el que cuestionó tanto la manera en que se valoraron las pruebas como la proporcionalidad de la sanción impuesta. Entre sus argumentos sostuvo que las autoridades debieron juzgar su caso con perspectiva de género, considerando las circunstancias de su detención y su relación con el coacusado, quien era su pareja sentimental.
Sin embargo, el tribunal colegiado le negó el amparo al estimar que no se habían acreditado condiciones de violencia, discriminación o vulnerabilidad que modificaran el resultado del proceso. En respuesta, la mujer interpuso entonces un recurso de revisión ante la Suprema Corte.
Al valorar el caso, el ministro Giovanni Figueroa Mejía sostuvo que el tribunal colegiado había examinado individualmente las declaraciones de la acusada, los testigos y la víctima, pero no las había relacionado mediante una metodología integral de perspectiva de género.
Explicó que el hecho de que el embarazo no hubiera sido el motivo de la detención no permitía descartar automáticamente la relevancia de las condiciones personales de la sentenciada. Tampoco se consideró si existían relaciones de dependencia, violencia o subordinación con su pareja que pudieran haber influido en la conducta atribuida.
Por ello, propuso revocar la sentencia recurrida y devolver el expediente al tribunal colegiado para que realizara una nueva valoración de las pruebas con perspectiva de género e interseccional, metodología que exige examinar conjuntamente las circunstancias que pueden colocar a una persona en condiciones de desigualdad, sin asumir que dichas condiciones están acreditadas únicamente por tratarse de una mujer.
La decisión no significa que la mujer haya sido absuelta del delito ni que se haya declarado inconstitucional la sanción de 20 años y seis meses de prisión. El efecto de la sentencia consiste en ordenar que el tribunal colegiado revise nuevamente el asunto bajo los parámetros constitucionales establecidos por la Suprema Corte.
