Aprendí que el silencio puede convertirse en una forma de complicidad cuando la autoridad se muestra indiferente ante la injusticia. En mis tiempos, desafiar al poder tenía consecuencias. Dos siglos después, observo con inquietud que todavía hay mujeres obligadas a levantar la voz para reclamar derechos que el Estado debería garantizarles.
En Cancún, las madres buscadoras volvieron a las calles. Desde el pasado 6 de noviembre, su protesta en el acceso a la Zona Hotelera ha provocado afectaciones a la movilidad y reavivado una discusión que no debería limitarse al cierre de una avenida: la capacidad de nuestras instituciones para responder a las víctimas.
La historia de Francisca Mariner ilustra la profundidad del problema. Desapareció en 2020 y sus restos permanecieron más de cuatro años sin ser identificados en el Servicio Médico Forense. En 2025 se confirmó una condena de 50 años por su desaparición. Hoy, una nueva controversia judicial vuelve a sumir a su familia en la incertidumbre.
¿En qué momento la búsqueda de justicia se convirtió también en una lucha contra los errores y las omisiones de quienes tienen la obligación de procurarla?
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El debido proceso es una garantía fundamental, no un obstáculo que deba ignorarse cuando una resolución resulta dolorosa. Sin embargo, respetarlo exige también que las autoridades investiguen con rigor. Una actuación deficiente puede comprometer años de trabajo judicial y prolongar el sufrimiento de quienes esperan respuestas.
Tampoco podemos ignorar a los ciudadanos afectados por las manifestaciones. Cancún depende de una actividad turística que moviliza diariamente a miles de trabajadores. Llegar al empleo, cumplir una jornada o transitar libremente son necesidades legítimas que no deberían quedar atrapadas en un conflicto ajeno.
Pero encuentro injusto enfrentar a una madre que exige respuestas con un trabajador que necesita llegar a su empleo, como si uno tuviera que renunciar a sus derechos para que el otro pudiera ejercer los suyos.
La responsabilidad de resolver esa contradicción no puede recaer exclusivamente en los ciudadanos.
Siempre he defendido la libertad como un principio inseparable de la responsabilidad. Una manifestación no sustituye a los tribunales, pero tampoco puede pretenderse que la normalidad de las calles sea prueba de que las instituciones funcionan.
La justicia exige algo más que procedimientos: requiere investigaciones sólidas, resoluciones comprensibles y autoridades capaces de rendir cuentas.
Una ciudad necesita sus calles abiertas. Las madres necesitan respuestas. Y el Estado tiene la obligación de garantizar ambas cosas.
Lo verdaderamente preocupante no es que la justicia haya salido a las calles de Cancún, sino que tantas familias hayan perdido la confianza en encontrarla dentro de las instituciones.
Leona no pidió permiso para informar. Nosotras tampoco.
