- La Suprema Corte determinó que los médicos pueden enfrentar cargos penales cuando una actuación negligente provoque lesiones permanentes a un paciente, aunque aclaró que una complicación durante una cirugía o un tratamiento fallido no constituyen, por sí mismos, un delito.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- Un paciente se sometió a dos operaciones de columna vertebral en diciembre de 2017 y terminó con una disminución permanente de la movilidad de su pierna derecha, afectación que la Fiscalía General de la República (FGR) atribuyó a una presunta negligencia del neurocirujano que lo atendió en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien posteriormente fue vinculado a un proceso penal.
El médico cuestionó que pudiera ser llevado ante la justicia penal por las consecuencias de una intervención quirúrgica, al considerar que la práctica de la medicina implica riesgos y que los resultados desfavorables no necesariamente significan que el especialista haya actuado incorrectamente.
La controversia llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que este miércoles respaldó las disposiciones del Código Penal Federal que permiten procesar y, en su caso, sancionar a profesionales de la salud por lesiones causadas mediante una conducta negligente.
Al resolver el amparo en revisión 257/2026, el Pleno aprobó el proyecto de la ministra María Estela Ríos González, que considera constitucionales los artículos 60 y 291 del Código Penal Federal, utilizados para formular la acusación contra el neurocirujano.
![](https://lucesdelsiglo.com/wp-content/uploads/2026/09/BANNERS_LLUVIAS1_500X500.jpg")
La resolución establece que los médicos no están exentos de responsabilidad penal por el hecho de ejercer una profesión que implica riesgos, pero también señala que ningún profesional de la salud puede ser considerado culpable únicamente porque un paciente haya sufrido una complicación o porque un tratamiento no haya tenido el resultado esperado.
Para atribuir responsabilidad penal debe demostrarse que el médico incumplió un cuidado profesional que estaba obligado y en condiciones de observar, y que ese incumplimiento provocó la lesión.
El caso comenzó cuando un neurocirujano adscrito al IMSS atendió a un paciente que presentaba diversos padecimientos derivados de un accidente. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el 15 de diciembre de 2017 el especialista realizó una intervención quirúrgica de columna vertebral en la que colocó tornillos transpediculares, dispositivos utilizados para fijar y estabilizar determinadas estructuras de la columna.
Cinco días después, el 20 de diciembre, el médico practicó una segunda cirugía para recolocar esos tornillos. Tras las intervenciones, el paciente presentó molestias y posteriormente los dictámenes médicos identificaron una disminución permanente de la movilidad de su extremidad inferior derecha.
La Fiscalía consideró que el resultado pudo haber sido provocado por una actuación negligente del neurocirujano, al apartarse de los cuidados y conocimientos técnicos que deben observarse durante una intervención médica.
Por estos hechos, el 28 de febrero de 2022 el Ministerio Público formuló una acusación por lesiones culposas y, el 3 de marzo siguiente, un juez federal en Reynosa, Tamaulipas, decidió vincular al especialista a proceso, lo que permitió continua con el procedimiento penal, aunque no constituyó una declaración de culpabilidad.
El médico, cuya identidad permanece reservada, promovió un amparo para cuestionar tanto las pruebas utilizadas en su contra como la constitucionalidad de las disposiciones penales aplicadas.
Uno de los principales argumentos de la defensa fue que la actividad médica implica riesgos que no siempre pueden evitarse, incluso cuando los profesionales actúan conforme a los conocimientos científicos y los procedimientos adecuados.
El neurocirujano sostuvo que las consecuencias adversas de una cirugía pueden tener diferentes causas y que no resulta correcto considerar automáticamente que una lesión demuestra negligencia.
También argumentó que la legislación penal no establece con suficiente precisión cuáles actuaciones médicas pueden considerarse delitos, lo que podría generar incertidumbre entre los profesionales de la salud.
Sin embargo, la Suprema Corte rechazó que las disposiciones impugnadas fueran contrarias a la Constitución. Los ministros respaldaron el criterio de que la ley no necesita enumerar cada uno de los posibles errores médicos para establecer cuándo una conducta puede generar responsabilidad penal.
El proyecto aprobado explica que el Código Penal Federal identifica las lesiones que pueden sancionarse y establece que la responsabilidad por culpa requiere demostrar el incumplimiento de un deber de cuidado.
En el ejercicio de la medicina, ese deber debe analizarse tomando en cuenta el estado del paciente, el procedimiento realizado, los conocimientos científicos disponibles y las circunstancias en las que se prestó la atención.
De esta manera, la Corte estableció una diferencia entre una complicación inherente al tratamiento y una lesión causada por negligencia profesional.
Una cirugía que no produce los resultados esperados no demuestra por sí sola la existencia de un delito, ya que para llegar a esa conclusión es necesario acreditar qué actuación fue incorrecta, cuál era el cuidado exigible y cómo esa conducta provocó el daño.
La resolución también abordó el uso de protocolos clínicos, normas oficiales y criterios científicos para determinar si un profesional actuó correctamente.
La defensa cuestionó que la responsabilidad penal pudiera depender de reglas técnicas que no están descritas detalladamente en el Código Penal Federal.
La Corte consideró que estos instrumentos pueden utilizarse para identificar los cuidados que debían observarse en una situación médica determinada, pero aclaró que no pueden crear delitos por sí mismos ni ampliar las conductas sancionadas por la ley.
Por ejemplo, durante una cirugía de columna vertebral deben observarse determinados cuidados relacionados con la técnica empleada, las condiciones del paciente y los riesgos del procedimiento.
Sin embargo, para establecer una responsabilidad penal no basta señalar que el resultado fue desfavorable o que existió alguna irregularidad, sino que debe demostrarse que el médico incumplió un deber concreto de cuidado que podía observar y que esa conducta produjo la lesión.
Esta distinción fue relevante porque evita que las responsabilidades penales se establezcan únicamente a partir de las consecuencias de un tratamiento.
Otro de los argumentos del neurocirujano fue que los posibles errores médicos pueden investigarse y sancionarse mediante procedimientos civiles, administrativos o laborales, sin necesidad de recurrir al derecho penal.
La defensa sostuvo que los pacientes cuentan con mecanismos para reclamar indemnizaciones y exigir responsabilidades profesionales, por lo que iniciar procesos penales podría resultar excesivo.
La Suprema Corte reconoció que el castigo penal debe utilizarse de manera limitada y reservarse para conductas que afecten gravemente bienes protegidos por la ley. No obstante, consideró que la existencia de otras vías de responsabilidad no impide perseguir penalmente una conducta cuando provoca lesiones permanentes y reúne los elementos de un delito.
El artículo 291 del Código Penal Federal contempla lesiones que producen afectaciones duraderas en órganos, extremidades y otras funciones del cuerpo humano. La Corte consideró que la gravedad de esas consecuencias justifica que el legislador permita sancionarlas penalmente cuando sean resultado de una conducta culposa.
Esto es, mientras que una demanda civil puede buscar la reparación económica del daño y un procedimiento administrativo puede examinar incumplimientos profesionales, la vía penal tiene como finalidad investigar y sancionar conductas que afectan de manera grave la salud y la integridad física de las personas.
Por ello, los ministros determinaron que estos mecanismos pueden coexistir y que la existencia de alternativas no vuelve inconstitucional la legislación penal. Es decir, los médicos tienen derecho a trabajar, pero también obligaciones
La defensa argumentó que la posibilidad de enfrentar procesos penales por resultados adversos podría provocar temor entre los profesionales de la salud y limitar el ejercicio de la medicina.
Según el neurocirujano, esta situación podría llevar a que los especialistas evitaran determinadas intervenciones por el riesgo de ser acusados penalmente si surgieran complicaciones. La Suprema Corte rechazó que los artículos cuestionados vulneraran la libertad de trabajo reconocida en la Constitución.
La resolución señala que las disposiciones no prohíben ejercer la medicina, no establecen obstáculos para obtener un título o cédula profesional y tampoco impiden realizar tratamientos médicos. Su finalidad es permitir que se investiguen y sancionen las lesiones graves ocasionadas por una conducta negligente.
El máximo tribunal consideró que la libertad de ejercer una profesión no significa que quienes la desempeñan estén exentos de cumplir las disposiciones legales destinadas a proteger los derechos de otras personas.
Aunque la Suprema Corte respaldó las normas penales utilizadas para procesar al médico del IMSS, su resolución no determina que el especialista haya cometido el delito que le atribuye la Fiscalía ni establece que haya sido probada definitivamente su responsabilidad.
El asunto analizado se concentró en establecer si los artículos 60 y 291 del Código Penal Federal son compatibles con los derechos constitucionales de legalidad, libertad profesional y los límites que deben observarse al establecer sanciones penales.
Los ministros concluyeron que esas disposiciones son válidas, al permitir sancionar conductas culposas que ocasionen lesiones permanentes, siempre que se acrediten los requisitos previstos por la ley.
Por esa razón, la Suprema Corte determinó devolver el expediente al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, que deberá examinar los aspectos pendientes sobre la legalidad de las actuaciones.
