Avala Corte conservar datos telefónicos, pero limita su acceso

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  • La Suprema Corte determinó que las autoridades requieren autorización judicial federal para acceder a registros de comunicaciones; también validó la geolocalización de celulares en tiempo real, sujeta a controles constitucionales.
FELIPE VILLA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las compañías telefónicas podrán conservar información sobre las llamadas y otras comunicaciones de sus usuarios, pero las autoridades no podrán acceder libremente a esos registros, pues deberán contar con una autorización judicial federal que justifique la solicitud e identifique a las personas cuyos datos se pretenden consultar.

Así lo determinó este martes el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al validar diversas disposiciones de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que regulan la conservación de datos, su entrega a las autoridades, la geolocalización de teléfonos celulares en tiempo real y el bloqueo de señales de telecomunicaciones.

Al resolver el amparo en revisión 193/2026, bajo la ponencia de la ministra María Estela Ríos González, el máximo tribunal concluyó que las obligaciones impuestas a los concesionarios de telecomunicaciones son compatibles con los derechos a la privacidad y protección de datos personales, siempre que su aplicación respete los límites establecidos en la Constitución.

La resolución deriva de un juicio promovido en agosto de 2025 contra distintas fracciones del artículo 183 de la legislación, publicada el 16 de julio de ese año, bajo el argumento de que las disposiciones permitían la conservación masiva de información personal, el acceso a registros sin autorización judicial y la localización de dispositivos móviles, con posibles afectaciones a los derechos fundamentales.

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La parte inconforme también advirtió que el almacenamiento generalizado de información sobre las comunicaciones podía generar una percepción de vigilancia permanente y provocar que las personas limitaran sus expresiones o relaciones por temor a ser monitoreadas.

Uno de los puntos centrales de la resolución fue establecer que la obligación de conservar información no significa que las autoridades puedan consultar indiscriminadamente los registros telefónicos de los ciudadanos.

La Corte precisó que la legislación no obliga a las empresas a almacenar el contenido de las conversaciones privadas, sino determinados datos relacionados con la prestación del servicio de telecomunicaciones.

Esta información puede incluir registros técnicos asociados con las comunicaciones, cuya conservación tiene como finalidad apoyar las tareas de seguridad pública, prevención del delito y procuración de justicia.

Sin embargo, el Pleno determinó que el acceso a los datos conservados debe interpretarse conforme al artículo 16 de la Constitución y la jurisprudencia obligatoria del propio tribunal.

En consecuencia, las autoridades que pretendan obtener esa información deberán contar con autorización judicial federal, mediante una solicitud fundada y motivada que identifique a las personas involucradas, el periodo del que se requieren los registros y las razones que justifican su entrega.

Estos requisitos deberán observar lo previsto en el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De esta manera, la Corte distinguió entre la obligación de las compañías de resguardar información y las condiciones que deben cumplir las instituciones de seguridad y procuración de justicia para acceder a ella.

Los ministros también consideraron que la conservación de registros responde a objetivos constitucionalmente legítimos y se encuentra sujeta a las disposiciones de protección de datos personales, así como a mecanismos de seguridad y confidencialidad.

Otro de los aspectos relevantes de la resolución fue la validación de la facultad para solicitar la localización geográfica de dispositivos móviles en tiempo real durante investigaciones realizadas por autoridades competentes.

La Suprema Corte reiteró que esta herramienta es distinta de la intervención de comunicaciones privadas, debido a que únicamente permite identificar la ubicación aproximada de un equipo telefónico en un momento determinado.

Según el criterio del tribunal, la geolocalización no implica, por sí misma, conocer el contenido de las llamadas, identificar las conversaciones sostenidas por los usuarios ni acceder a los datos relacionados con el proceso comunicativo.

Por ello, concluyó que esta medida no vulnera automáticamente los derechos a la privacidad, protección de datos personales o debido proceso. No obstante, precisó que su aplicación debe cumplir con las exigencias del artículo 16 constitucional, por lo que deberá provenir de una autoridad legalmente competente, constar en un mandamiento escrito debidamente fundado y motivado y observar las condiciones establecidas en las leyes aplicables.

Además de establecer esta distinción, el Pleno también desestimó los cuestionamientos contra las disposiciones que obligan a las compañías a bloquear determinadas líneas telefónicas o señales de telecomunicaciones.

La legislación contempla el bloqueo inmediato de líneas móviles reportadas por sus propietarios como robadas o extraviadas, así como la suspensión del servicio cuando lo instruya una autoridad competente para hacer cesar la comisión de delitos.

También establece medidas de cancelación de señales de radiocomunicación, transmisión de datos e imágenes dentro del perímetro de centros penitenciarios y de internamiento para menores.

En su demanda, la parte quejosa sostuvo que estas facultades podían utilizarse para interrumpir comunicaciones en situaciones de emergencia pública y restringir las libertades de expresión y acceso a la información.

Sin embargo, el proyecto analizado por el Pleno señaló que las fracciones cuestionadas no establecen ese supuesto de emergencia pública y que las medidas previstas responden a situaciones específicas de seguridad. Por tanto, el argumento fue considerado inoperante.

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