- Un fallo judicial podría dejar sin equipos de impresión, digitalización y copiado a los más de 900 órganos jurisdiccionales del país.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Un fallo judicial podría dejar sin equipos de impresión, digitalización y copiado a los más de 900 órganos jurisdiccionales del país.
Y es que, en un litigio, un juzgado mercantil de la Ciudad de México ordenó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) devolver miles de equipos rentados, con los que funcionan los juzgados y tribunales federales.
La medida, según Jueces y Ministros, ocasionaría una afectación sin precedente en los servicios de impartición de justicia, ya que la mayoría de los usuarios continúa litigando en papel.
“Sin esos equipos no hay manera de integrar los expedientes. Sería como colapsar”, externó la Juez de distrito, Marlen Ángeles Tovar.
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De acuerdo con el fallo, los equipos tienen que ser entregados a la empresa Clear Leasing, que financió a las dos compañías que, en agosto de 2019, ganaron un contrato de cinco años, por hasta 4 mil 188 millones de pesos para arrendarlos al Consejo de la Judicatura y proveer todos los servicios e insumos necesarios para su funcionamiento.
En su momento, este fue el contrato más cuantioso adjudicado en la historia del CJF, e incluía 13 mil 600 impresoras láser, 4 mil 676 digitalizadores y 3 mil 800 equipos multifuncionales.
El CJF estableció en la licitación que, pasados los cinco años, podía quedarse con los equipos, pagando un centavo por cada uno. Pero esa cláusula no fue acordada con Clear Leasing, sino con Sharp Corporation y Distri Copy, que fueron las empresas que ganaron el concurso.
El 15 de agosto de 2024, el Juzgado Cuarto Civil de Proceso Oral de la CDMX, que forma parte del Poder Judicial capitalino, ordenó al CJF a devolver los equipos a Clear Leasing.
Esto obligó a la Judicatura a promover un amparo y, ante el fallo a favor de Clear Leasing, demandó a Sharp y Distri Copy ante la Suprema Corte para exigir el pago de daños y perjuicios.
Por la reforma judicial, es probable que la resolución definitiva de este caso quede en manos de la nueva Corte, que inicia funciones en septiembre.
