- Resuelve SCJN que víctimas de negligencia médica en hospitales públicos pueden demandar personalmente por la vía civil al médico responsable de los daños y por la vía administrativa para exigir la reparación del daño al Estado.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- La negligencia médica sigue siendo una herida abierta que el sistema de salud en México no ha logrado cerrar. Cada año, miles de pacientes sufren complicaciones, daños irreversibles o la muerte por errores médicos evitables. Sin embargo, menos del 10 % de estos casos llegan a una denuncia formal. Y de esos, una fracción aún menor logra una sentencia condenatoria.
Entre los muros de hospitales públicos y privados, hay historias como la de Valentina, una niña que en septiembre de 2024 fue ingresada al Hospital General de Tláhuac por una crisis respiratoria y terminó en estado crítico debido a la falta de atención oportuna. O la de una joven de 25 años que, tras una cesárea en una clínica del IMSS en Ciudad de México, desarrolló una infección grave porque le olvidaron una gasa dentro del abdomen.
No son casos aislados. Solo en 2024, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió 122 recomendaciones por negligencia médica grave en instituciones públicas, de las cuales 88 involucraron hospitales del IMSS y 25 al ISSSTE. En paralelo, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) reportó que el 92.5 % de las quejas médicas en 2020 provinieron del sector público.
En este contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo en revisión 971/2023 y estableció que la vía civil ordinaria es procedente para demandar personalmente a un médico por daños causados por negligencia, independientemente de si trabaja en una institución pública.
El reciente fallo del máximo tribunal del país, también precisa que la vía administrativa es la idónea para exigir la reparación del daño al Estado cuando la negligencia proviene del servicio público de salud.
Esta diferenciación ofrece a las víctimas un camino más claro para acceder a la justicia, aunque el desafío sigue siendo probar la negligencia médica, una tarea compleja y emocionalmente devastadora. Las instituciones suelen blindarse con tecnicismos legales, la falta de expedientes completos y el desgaste de años de litigio.
EL ROSTRO HUMANO DE LA IMPUNIDAD
El caso del ginecobstetra Jesús Luján Irastorza, conocido como “el rey del parto inducido”, es ilustrativo de cómo la negligencia puede ocultarse detrás de bata blanca. Acusado por más de 30 mujeres de intervenciones forzadas, uso indebido de medicamentos y complicaciones graves, su detención en 2024 ocurrió sólo después de una intensa campaña mediática y una orden federal de aprehensión.
Y no menos polémico fue el caso de la Clínica 0-19 en Monterrey, que ofrecía tratamientos experimentales a niños con cáncer sin evidencia científica ni protocolos públicos. Algunos menores fallecieron tras costosos procedimientos que ofrecían más esperanza que resultados.
UN DELITO QUE SE BORRA CON EL TIEMPO
Más allá de la falta de denuncias, existe otro enemigo: el tiempo. Muchas víctimas no logran judicializar su caso porque el delito prescribe. La ley limita la acción penal y civil en estos casos, y cuando finalmente alguien se atreve a alzar la voz, el reloj ya ha sentenciado el olvido.
Datos históricos de CONAMED (1998–2000) revelan que más del 36 % de las quejas analizadas involucraban mala praxis, y de esas, casi el 70 % se debía a falta de habilidad médica. Sin embargo, las cifras recientes muestran que solo el 3 % de las quejas derivan en condenas reales.
La Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado permite reclamar al gobierno por daños causados por su personal, pero pocos ciudadanos conocen el proceso y muchos desisten ante la complejidad legal. La mayoría de las víctimas terminan con una recomendación de la CNDH o una conciliación en CONAMED sin efectos punitivos.
Para organizaciones como No Más Negligencias Médicas AC, el país necesita una reforma profunda que garantice la trazabilidad de los expedientes, el acceso a peritajes independientes y la protección de los denunciantes. Y es que mientras las instituciones defienden su burocracia, miles de familias viven con el dolor de una pérdida que pudo evitarse.
La sentencia de la Corte es un avance, pero no una solución. Sin una voluntad política firme y un sistema judicial empático y eficiente, la negligencia médica seguirá siendo un crimen silenciado, donde la impunidad es la norma y la justicia, la excepción.
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