- Omar García Harfuch dijo que muchos de los capos enviados a Estados Unidos litigaban para ser liberados en México.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- Los 26 criminales entregados el martes a las autoridades de Estados Unidos habían logrado recursos judiciales que facilitaban su internamiento en México, incluso para seguir delinquiendo, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
En conferencia, el funcionario afirmó que los presuntos criminales consiguieron que se les encarcelara en prisiones de baja seguridad y advirtió que, si hubieran salido a las calles, serían un “riesgo inaceptable” para sus víctimas.
“Muchos de ellos habían conseguido amparos para permanecer en cárceles de baja seguridad, e incluso se preveía que otros, actualmente en reclusión en centros penitenciarios federales, recibieron resoluciones similares que facilitarían su traslado a penales estatales, menos vigilados, incrementando el riesgo de continuar con sus operaciones delictivas o incluso un riesgo de fuga”, dijo el titular de la SSPC.
“Existían también litigios y recursos legales que buscaban su liberación anticipada, lo que de haberse conjuntado significaría un retroceso en la lucha contra el crimen y un agravio contra las víctimas”, añadió.
Dijo que, además, operaban desde cárceles mexicanas para cometer diversos delitos, por lo que su traslado implicó un beneficio a la población.
“El beneficio de los traslados es directamente para las víctimas mexicanas que han sido víctimas de estos sujetos, ya sea de extorsión, homicidio y todos los delitos que mencioné en los mensajes, donde muchas veces lamentablemente desde prisiones siguen operando. ¿Cuál es el beneficio para nuestro país? Que ya no lo hagan.
“Es eso tal cual, de manera muy concreta, que al ya no estar, que al sacarlos de nuestro país no van a poder seguir operando en contra de la sociedad mexicana”, apuntó el funcionario federal en la sede de la SSPC.
Detalló que las 26 personas estaban en cinco centros penitenciarios federales y cuatro centros penitenciarios estatales. Aseguró que todas contaban con órdenes de extradición y enfrentan diversas investigaciones por delitos de alto impacto en Estados Unidos, incluyendo tráfico de personas, homicidio, trasiego de droga, delitos con armas de fuego, lavado de dinero y delincuencia organizada.
“Privaron de la vida a personas inocentes, ordenaron o participaron en ataques contra autoridades, que contribuyeron también a la producción y distribución de millones de dosis de droga y que, con sus operaciones ilícitas generaron violencia y temor en comunidades enteras por muchos años”, indicó García Harfuch.
“Considerando las actividades a las que se han dedicado dichas personas, vinculadas con delitos de alto impacto y que representan una amenaza a la seguridad de nuestro país y de Estados Unidos, es por ello que el Gabinete de Seguridad, en estrecha coordinación con la Fiscalía General de la República, procedió a realizar el traslado de estos objetivos”, argumentó.
El secretario fue enfático en que los enviados aprovechaban interacciones, que no pueden ser prohibidas por respeto a sus derechos humanos, para instruir la comisión de ilícitos.
“Estos delincuentes de alto perfil, que aun privados de su libertad, continuaban dirigiendo actividades ilícitas mediante visitas, mismas que no pueden prohibirse por respeto a sus derechos humanos.
“Sin embargo, estas interacciones eran aprovechadas para mantener operaciones criminales, amenazar a funcionarios y extender redes de corrupción e intimidación, lo que representaba un riesgo inaceptable para la seguridad”, señaló.
García Harfuch indicó que el traslado fue una medida para evitar que los 26 sujetos siguieran ordenando asesinatos, secuestros y extorsiones desde prisión.
“Es importante señalar que esta acción se realizó como medida para impedir que desde prisión continuaran ordenando secuestros, extorsiones, homicidios y otros delitos.
“Es un acto de autoridad, resultado de la política de cero impunidad y la coordinación absoluta del Gabinete de Seguridad, ejes que forman parte de nuestra estrategia nacional de seguridad y contra la extorsión”, añadió.
Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, presente en la conferencia, señaló que los envíos se hicieron bajo el artículo quinto de la Ley de Seguridad Nacional, así como lo estipulado en la Convención de Palermo, al igual que con el traslado de 29 narcotraficantes en febrero pasado. Es decir, no fueron extraditados.
“Si hubiera alguna otra solicitud en el futuro la consideraría el Consejo y, si es procedente, la vamos a cumplir. No es ni limitativo ni privativo, pero sí tiene que haber una solicitud de un gobierno.
“Y esa solicitud tiene que venir debidamente fundada y motivada con los procesos que esas personas tienen, por los delitos que tienen que coincidir con los delitos mexicanos y por el estado en el que se encuentra ese proceso. Y cuántas veces eso se dé, lo vamos a hacer”, advirtió.
En el operativo para el traslado participaron 988 elementos y 90 vehículos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Fiscalía General de la República.
LOS CAPOS
México envió a criminales acusados de narco y lavado, entre ellos:
- – Abigael González Valencia, líder de “Los Cuinis”, origen del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
- – Juan Carlos Félix Gastelum, yerno del “Mayo” Zambada.
- – Kevin Gil Acosta y Martín Zazueta Pérez, jefes de seguridad de “Los Chapitos”.
- – Servando Gómez, “La Tuta”, líder de la Familia Michoacana.
- – Pablo Edwin Huerta Nuño, capo del Cártel de Tijuana.
Apenas en febrero pasado, México había entregado a otros 29 narcotraficantes que eran requeridos por la justicia estadounidense, entre ellos Rafael Caro Quintero.
*Con información de Agencia Reforma
