Zósimo Camacho
El campo mexicano, históricamente cuna de luchas y esperanzas, se encuentra hoy sitiado por un sistema de justicia que, lejos de protegerlo, se ha convertido en instrumento de despojo. El Tribunal Superior Agrario (TSA), en lugar de ser garante de los derechos de los núcleos agrarios, opera en muchos casos como un brazo más de una red de corrupción que beneficia a empresarios, políticos y… mismos magistrados agrarios coludidos con acaparadores de tierras.
La institución no acaba de sacudirse el sello neoliberal que le impusieron sexenios de ataques a la propiedad social de la tierra. Para muchos funcionarios, magistrados incluidos, el ejido y la comunidad agraria son una aberración en un mundo donde, según su visión, debe imperar el mercado y, con ello, la privatización y la concentración de tierras.
Es clara, incluso, la falta de empatía y entendimiento de estos servidores públicos –chapados en aulas y oficinas de adoctrinamiento neoliberal– con familias ejidatarias y comuneras. Pero las incompatibilidades ideológicas no son sólo las razones de los ataques a la propiedad social de la tierra desde instancias del TSA. También, los dividendos personales que funcionarios deshonestos obtienen de su alianza con los intereses privados que amenazan al ejido y la comunidad agraria.
Con claridad se observa un modus operandi: mediante resoluciones absurdas, el TSA ordena la reposición de juicios agrarios en primera instancia, aun cuando la razón jurídica asiste plenamente a los campesinos. Este mecanismo, que violenta el principio de celeridad procesal y el debido proceso, no busca esclarecer la verdad, sino ganar tiempo para que los poderosos interesados en las tierras continúen con su aprovechamiento ilegal. Cuando esta simulación de requisitos formales no es posible, los magistrados se pronuncian sobre el fondo con criterios subjetivos, pisoteando derechos consagrados y dejando a las comunidades a merced del juicio de amparo, donde otra cadena de mercenarios de la justicia completa el círculo vicioso.
En casos concretos de esta maquinaria aparece la magistrada Maribel Concepción Méndez de Lara, quien fuera presidenta del TSA entre 2020 y 2024. En los ejemplos a continuación funge como eje central de una red integrada, entre otros, por magistrados numerarios, titulares de Tribunales Unitarios Agrarios en los estados de la República. La mayoría opera sin ratificación, con periodos vencidos desde hace varios años.
Una de las víctimas de este proceder es el Ejido San Nicolás de los Garza, Nuevo León, perjudicado con resoluciones sistemáticamente adversas del TSA. Aunque las sentencias de primera instancia favorecieron al ejido, el Tribunal las revocó. Dichas revocaciones fueron a su vez dejadas sin efecto por sentencias de amparo, que aún esperan cumplimiento debido a la oposición activa de este organismo y de la magistrada Méndez de Lara.
En el Juicio Agrario RR 449/2018-20, el TSA ordenó de manera absurda la reposición del juicio para repetir una prueba pericial innecesaria, a pesar de que el hecho estaba admitido y confesado por la parte demandada (el Gobierno del Estado de Nuevo León). Ante este atropello, se interpuso un juicio de amparo (revisión 403/2019) que protegió al ejido, ordenando confirmar la sentencia de primera instancia y proceder a la restitución de las tierras ocupadas ilegalmente por el gobierno estatal.
Con el juicio Agrario RR 723/2018-20, el TSA negó absurdamente la titularidad del derecho al agua del núcleo agrario, confundiendo derechos dotados por resolución presidencial con concesiones administrativas. Una sentencia de amparo dejó sin efectos esta resolución. Sin embargo, al ejecutarse, el Tribunal resolvió que ahora no se acreditaba la desposesión, ¡omitiendo valorar la confesión del propio organismo estatal del agua que admitió no haber entregado el agua al ejido desde 1995! Un nuevo amparo directo (57/2023) está pendiente de resolver.
Mientras, con los juicios Agrarios RR 701/2018-20 y RR 702/2018-20, mediante razonamiento jurídicamente indefendible, el TSA resolvió que la “nulidad de pleno derecho” establecida en el Artículo 27 Constitucional (por actos públicos contradictorios, como dos matrimonios sobre la misma persona) podía validarse por la voluntad expresada en un acta del Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede, 1993), ignorando la ley fundamental. La magistrada Méndez de Lara pretendía con esto que el ejido se quedara sin las tierras restituibles. Sólo la oposición de tres magistrados impidió que la entrega de tierras ordenada por una Resolución Presidencial desde 1936 quedara incompleta.
También destaca la excitativa de Justicia EJ 118/2024, la cual el TSA declaró infundada contra un Tribunal Unitario operado por incondicionales de Méndez de Lara, a pesar de existir constancias públicas de que obstruyeron la ejecución de una sentencia a favor de campesinas e incluso las denunciaron por reclamar su derecho.
Es decir, el TSA opera contra los derechos del Ejido de San Nicolás de los Garza y con presteza resuelve a favor de quienes le disputan territorio y agua. Incluso, con malabares discursivos para justificar lo injustificable. ¿Qué intereses defienden la magistrada y sus compinches en esa región? La institución que debería ser garante de la propiedad social de la tierra falla a favor de su disolución.
Y hay otros casos, como el del Ejido Nuevo Mieleras, Coahuila. Tras una sentencia de amparo favorable al ejido (465/2015), el TSA se negó a cumplirla. Se hizo necesario requerir la destitución de los magistrados por desacato. Sólo después de ser obligados, ordenaron la dotación de tierras, pero dieron tiempo a los afectados para suspender la ejecución mediante nuevos amparos.
La magistrada Maribel Concepción Méndez de Lara ha estado activa en el sistema de justicia agraria desde la reforma salinista de 1992. El 15 de diciembre de 2020 asumió la presidencia del TSA, cargo en el que se sostuvo hasta el año pasado. Con ello, tomó el control de los Tribunales Agrarios a nivel nacional.
Méndez de Lara ha mantenido alianzas políticas cambiantes, pintada de rojo, azul, naranja y ahora guinda, alineándose con la trayectoria política de su paisano y mentor Ricardo Monreal. Fue precisamente este diputado federal quien le brindó apoyo para su ascenso, al promover su ratificación y el nombramiento de magistrados afines a su círculo. Inclusive, la nombró integrante del Comité de Selección de candidatos al Poder Judicial.
La magistrada maniobra a través de una red de empleados y operadores dentro de los propios tribunales, entre ellos los magistrados Raúl Covarrubias e Iber Alejandro Morales Cruz, de los cuales esta columna ha documentado conflictos de interés y otras irregularidades.
Los casos descritos, con sus números de expediente, son la prueba documental de una justicia agraria viciada, donde la corrupción y los intereses políticos y económicos se imponen sobre el derecho.
La esperanza reside en que la actual reforma judicial permita, por fin, procesar a los funcionarios que, por corrupción o ineptitud, han traicionado su función y condenado a la impunidad el despojo de las tierras y el agua de quienes menos tienen.
Y, sobre todo, se fincan esperanzas en la actual coyuntura, que ofrece una oportunidad de renovación transparente. Como revelamos hace unas semanas, 22 de los 40 magistrados unitarios agrarios operan con periodo vencido, algunos desde hace nueve años. Sobre este tema, en dos ocasiones la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ha respondido a Luces del Siglo que el Ejecutivo está por enviar sus propuestas al Senado.
Que venga la renovación total. Lejos de ratificar a los actuales, que los cargos sean ocupados por abogadas y abogados agrarios con vocación y convicción en la defensa de la propiedad social de la tierra. Si el desmantelamiento del neoliberalismo es en serio, se deberá reflejar en instituciones torales abandonadas precisamente por los tecnócratas.
El resurgimiento de los ejidos, las comunidades agrarias y las colonias agrícolas será el indicador de que se desmonta el sistema que permitió el regreso de los acaparadores de tierras y los terratenientes. Y cada disolución de un núcleo agrario, más que fracaso, significará que en el campo hay sólo simulación.
