- La Unión Europea ha encontrado en la Península de Yucatán un laboratorio vivo para poner en marcha dos de sus proyectos más ambiciosos en México: EU4DecentWork y EU4Equity.
RODOLFO MONTES
VALLADOLID, YUC.- La Unión Europea ha encontrado en la Península de Yucatán un laboratorio vivo para poner en marcha dos de sus proyectos más ambiciosos en México: EU4DecentWork y EU4Equity, iniciativas diseñadas bajo el paraguas del Programa Indicativo Plurianual para las Américas y el Caribe 2021-2027.
La apuesta no es menor: con una inversión conjunta cercana a los siete millones de euros –unos 155 millones de pesos–, el objetivo es atacar dos problemas históricos del país: la informalidad laboral, que afecta a más de la mitad de los trabajadores, y las desigualdades territoriales y fiscales que marcan profundas brechas entre estados y regiones.
En Yucatán y Quintana Roo, la estrategia ha cobrado forma a través de la Mesa Territorial del Corredor Maya, un espacio de trabajo que articula autoridades estatales, federales, actores comunitarios y sector privado.
Desde su instalación en Mérida en junio de 2025, la mesa ha celebrado cuatro reuniones técnicas que han permitido trazar una ruta común para transformar la principal fuente de empleo de la región: el turismo.
La primera reunión dejó claro el diagnóstico: la mayoría de quienes trabajan en servicios turísticos lo hacen en condiciones de precariedad, sin seguridad social ni prestaciones, y con un entramado de trámites que desalienta la formalización de cooperativas y pequeños negocios.
La respuesta fue ambiciosa: certificar competencias, crear microseguros para turismo rural, simplificar procedimientos y fortalecer a las MIPyMES del sector.
En agosto, la tercera reunión celebrada en Cancún centró el debate en la inspección laboral y la verificación voluntaria. La idea fue dar a las empresas la posibilidad de evaluar sus propias condiciones de trabajo y obtener beneficios al cumplir la norma, al tiempo que se diseñaba un Consejo Sectorial de Formación Profesional que vincule directamente la oferta educativa con las necesidades de la hotelería y los servicios turísticos.
Ahí también se abrió el expediente de los trabajadores independientes y de plataformas digitales, hasta ahora invisibles en la seguridad social, con la propuesta de incluirlos en los esquemas del IMSS.
El encuentro más reciente, en Valladolid, trasladó el reflector hacia el turismo comunitario. La sede fue la Universidad del Oriente y el protagonismo lo tuvieron las comunidades mayas. Durante el taller participativo se identificaron las principales barreras que frenan a las cooperativas locales: falta de acceso a financiamiento, ausencia de seguros, trámites engorrosos y carencia de capacitación técnica.
La conclusión fue clara: el turismo comunitario no puede seguir siendo una actividad marginal ni precaria, debe convertirse en motor de desarrollo y bienestar.
Por parte del gobierno estatal participaron la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo y la Secretaría de Fomento Turístico, además de sus contrapartes de Quintana Roo y el ayuntamiento de Valladolid.
En representación de la Unión Europea acudieron Felipe Peña Gómez, coordinador de EU4Equity, y Eduardo Lépore, director de EU4DecentWork. Del lado comunitario estuvo presente la red Co’ox Mayab, que agrupa a cooperativas de turismo rural. El compromiso más visible fue la elaboración de una Hoja de Ruta Regional, un documento que deberá aterrizar las metas y las acciones para que las comunidades locales accedan a empleo digno y sostenible.
Mientras EU4DecentWork, con un presupuesto de dos millones de euros, se concentra en ampliar la formalización, fortalecer inspecciones laborales y promover la protección social, EU4Equity, con cinco millones de euros, busca mejorar la recaudación fiscal y la redistribución de recursos en los estados, bajo un modelo hacendario que apunte a la cohesión social.
La lógica es complementaria: no basta con tener empleos formales si las haciendas locales no cuentan con recursos ni criterios progresivos para financiar políticas sociales y de infraestructura.
Los avances son palpables: la instalación de mesas territoriales con participación plural, el inicio de programas piloto de certificación de competencias, la discusión de esquemas innovadores como microseguros para turismo rural, y el intercambio técnico con instituciones europeas como la Inspección de Trabajo de España. Pero los retos son igual de grandes: la magnitud de la informalidad laboral, las resistencias políticas a la reforma fiscal, y la necesidad de garantizar continuidad más allá de un sexenio.
Lo que está en juego no es solo el futuro del turismo en la península, sino la posibilidad de demostrar que la cooperación internacional puede aterrizar en beneficios concretos para las comunidades. Si las hojas de ruta se convierten en acciones financiadas y medibles, los siete millones de euros de inversión europea podrían sentar las bases de un nuevo modelo de desarrollo regional. Si no, quedarán como otro buen intento atrapado en documentos de gabinete.
La próxima prueba será ver cómo se materializan los compromisos firmados en Valladolid y Cancún, y si el turismo comunitario logra pasar del discurso a la práctica.
En palabras de una representante de las cooperativas mayas: “El turista ya viene; lo que falta es que nosotras podamos vivir con dignidad de lo que ofrecemos”. Esa frase condensa la esencia de los proyectos europeos en México: que el trabajo no solo exista, sino que sea justo y transformador.
