- Tras la escandalosa salida del General Miguel Enrique Vallín Osuna de la dirección general de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) por presuntos actos de corrupción, expertos del sector aéreo demandan una auditoría al organismo.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la escandalosa salida del General Miguel Enrique Vallín Osuna de la dirección general de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) por presuntos actos de corrupción, expertos del sector aéreo demandan una auditoría al organismo.
Rogelio Rodríguez, especialista en aviación, señaló la urgencia de una revisión exhaustiva en áreas clave como procedimientos, licencias, áreas técnicas, permisos y autorizaciones, para obtener en no más de 90 días un diagnóstico claro de las fallas existentes.
Además, propuso establecer una auditoría permanente realizada por un tercero independiente para supervisar continuamente los procesos de la AFAC.
Rodríguez afirmó que la Agencia presenta señales claras de corrupción e ineficiencia, evidenciadas por dos degradaciones aéreas y la salida abrupta de su director, asociada a señalamientos graves.
Destacó que la Ley de Aviación Civil y la Ley General de Responsabilidades Administrativas contemplan sanciones para casos de corrupción, que pueden incluir la inhabilitación para ocupar cargos públicos, y advirtió que podría iniciarse una investigación penal si se configura algún delito.
El especialista recordó que la AFAC, anteriormente conocida como DGAC, enfrenta problemas estructurales de corrupción no erradicados.
Además, lamentó que la dirección haya estado en manos de militares, cuya formación y régimen jurídico difieren del ámbito civil y técnico de la aviación civil.
En este contexto, considera que se debería verificar técnicamente la autenticidad de las horas teóricas, de simulador y vuelo para la expedición o revalidación de licencias, así como la validez y supervisión de las actas de verificación, incluyendo detalles sobre inspectores y horarios.
Fernando Gómez, otro experto, coincidió en la necesidad de una investigación exhaustiva en temas críticos como la certificación de aeronaves y pilotos, dada la importancia para la seguridad aérea.
Insistió en que debe abrirse una carpeta de investigación formal junto con auditorías internas programadas para revisar procedimientos.
Sin embargo, señaló la complejidad jurídica, ya que, al tratarse de un mando militar, las sanciones podrían regirse por la Corte Marcial, tribunal que aplica medidas como degradación de rango o cárcel militar.
Agregó que se debe aclarar si estos exmilitares seguirán bajo jurisdicción militar o civil.
Por su parte, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) no ha explicado públicamente los motivos oficiales de la destitución de Vallín Osuna.
Aunque no ha negado las acusaciones de corrupción, que involucran incluso a algunos operadores aéreos, tampoco ha transparentado la información, lo que mantiene la incertidumbre sobre el caso.
