- El máximo tribunal del país declaró constitucional la exigencia de la CONDUSEF para que bancos rindan informes sobre quejas de despachos de cobranza, so pena de ser sancionados.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- Por unanimidad, y tras una intensa discusión jurídica, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó la constitucionalidad del marco normativo que obliga a las instituciones financieras a rendir informes sobre quejas de despachos de cobranza y faculta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) para sancionar su incumplimiento.
El conflicto jurídico se originó a partir de dos multas por 20 748 pesos cada una impuestas a Mizuho Bank México por no presentar, a través de REDECO, los informes relativos a quejas por la gestión de despachos de cobranza con los que había contratado.
El banco promovió juicio de amparo argumentando que la ley vulnera principios constitucionales, pues supuestamente no establece con claridad la exigibilidad de los informes para todas las instituciones ni los plazos para que la CONDUSEF emitiera resolución en los procedimientos sancionadores.
El Tribunal de Distrito inicialmente negó el amparo respecto del primer conjunto de normas (artículo 41 de la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y sus correlativos en las Disposiciones en Materia de Registros), pero sí lo concedió parcialmente en relación con el segundo sistema normativo, al considerar falta de certeza sobre el plazo para emisión de resolución sancionadora. La institución promovió así el recurso de revisión ante la SCJN.
Bajo la ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama, el proyecto de resolución concluyó que tanto la obligación de rendir informes como el procedimiento sancionador son constitucionales. El proyecto detalla que la ley obliga a los bancos que contraten despachos de cobranza a reportar quejas a través del REDECO, y que aquellos que no cuenten con estos despachos deben declararlo y validar periódicamente esa situación.
Además, la CONDUSEF tiene un plazo cierto de 180 días para emitir resolución en estos procedimientos, lo cual, según la mayoría de los ministros, garantiza certeza jurídica.
La discusión en el Pleno se dividió en dos partes: el análisis del primer sistema normativo (artículo 41 de la Ley de Transparencia y los numerales 118, 124 y 131 de las disposiciones de la CONDUSEF) y el segundo sistema (artículos 24 a 31 de la misma ley y el artículo 180 de las disposiciones).
Sobre el primer sistema normativo, la votación fue unánime a favor del proyecto. Algunos ministros, como Loretta Ortiz y Giovanni Figueroa, se apartaron de la metodología del estudio, pero coincidieron en que las normas no violan principios constitucionales. La ministra Esquivel Mossa también votó a favor, aunque expresó desacuerdo con algunas consideraciones.
Respecto al segundo sistema normativo, la resolución fue aprobada por mayoría de seis votos. En contra votaron la ministra Esquivel Mossa, la ministra Ortiz Ahlf y el ministro Figueroa Mejía. Argumentaron que el plazo de 180 días para que la CONDUSEF emita resoluciones no debería establecerse en disposiciones administrativas, sino en la propia ley, para respetar plenamente el principio de seguridad jurídica.
Durante la sesión, varios ministros presentaron propuestas de mejora técnica al proyecto, algunas de las cuales fueron incorporadas. La ministra Batres defendió que la CONDUSEF cuenta con facultades legales para emitir disposiciones administrativas y que el sistema normativo vigente ofrece certeza suficiente.
La SCJN confirmó la validez del esquema legal que regula la rendición de cuentas por parte de las instituciones financieras en materia de cobranza, y subrayó la importancia de proteger los derechos de los usuarios del sistema financiero. El tribunal colegiado correspondiente será el encargado de resolver los aspectos de legalidad aún pendientes.
