Rodolfo El Negro Montes
En febrero de 2014 realicé para Grupo Milenio, un reportaje sobre la fotografía criminal de ese momento en las minas de México; fue la premonición de una metástasis, se publicó apenas unos días antes de la segunda captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán en Mazatlán, Sinaloa.
El texto causó un gran revuelo porque reveló una faceta del Cártel de Sinaloa que las autoridades no habían detallado públicamente: la incursión en la minería para la extracción de hierro, oro y plata, no sólo como negocio directo, sino como moneda de cambio con empresarios en China a cambio de precursores químicos.
Años después, para UNOTV también presenté otra investigación periodística sobre el histórico aseguramiento por parte de la entonces Procuraduría General de la República y la Profepa de casi 900 mil toneladas de hierro molido en el Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. El mineral estaba listo para ser enviado clandestinamente a China.
En esa investigación periodística puse rostro humano al conflicto minero en Michoacán. Recuperé testimonios de ejidatarios que perdieron sus tierras debido a que el crimen organizado se adueñó de sus propiedades, instalando maquinaria sofisticada para triturar y moler el hierro directamente en terrenos robados. El narco dejaba las carreteras locales destruidas por el paso constante de góndolas pesadas, sin que el Estado interviniera, sumiendo a las comunidades en una crisis de desempleo y miedo.
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Si hace doce años el control de las minas era el “otro negocio” de Joaquín “El Chapo” Guzmán, hoy, en febrero de 2026, la minería en México se ha convertido en un campo de guerra donde la delincuencia organizada ya no sólo lava dinero o extorsiona, sino que gobierna el territorio y dispone de la vida de los trabajadores.
La conexión entre aquel reportaje y la realidad actual es directa y dolorosa: los cárteles del narcotráfico no son un actor externo que cobra una cuota, sino una estructura que ha asimilado la operatividad minera para sus propios fines.
El ejemplo más crudo y reciente de este hilo conductor es el secuestro masivo ocurrido en el municipio de Concordia, Sinaloa, el pasado 23 de enero de 2026. Un comando armado irrumpió en un campamento de la empresa CICAR y en las cercanías de una planta de la minera canadiense Vizsla Silver. Se llevaron a la fuerza a 14 trabajadores (10 mineros y 4 empleados de apoyo).
En este segundo mes de 2026, la noticia es desgarradora. Se ha confirmado la muerte de al menos tres de ellos, entre los que se identificó a Ignacio Aurelio Salazar. Los operativos de búsqueda, que han desplegado a más de mil 100 elementos de seguridad, han revelado lo que ya advertía en mi labor periodística: la simbiosis entre el cerro y el crimen. En la zona de búsqueda se localizaron 10 narcocampamentos, municiones y equipo táctico.
El secuestro en Concordia obligó a la minera Vizsla Silver a suspender operaciones, demostrando que el crimen tiene el poder de veto sobre la industria legal. La desaparición de estos mineros en 2026 es el recordatorio de que, detrás de los indicadores económicos y las toneladas de oro o plata, hay familias buscando a padres, hijos y hermanos. Y, guste o no, incomode o no, este hecho nos muestra el costo (la pérdida de soberanía y de vidas humanas).
