- El caso Acteal, que en 1997 dejó 45 indígenas de Chenalhó asesinados por un grupo paramilitar y provocó el desplazamiento de miles de personas, vuelve a ser atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- El caso Acteal, que en 1997 dejó 45 indígenas de Chenalhó asesinados por un grupo paramilitar y provocó el desplazamiento de miles de personas, vuelve a ser atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El Máximo Tribunal analizará ahora un amparo en el que podría fijar criterio sobre el derecho a no ser víctima de desplazamiento forzado interno, la reparación integral y las acciones que deben emprender los tres poderes de la Unión para atender esta crisis.
La atracción fue aprobada por el Pleno con siete votos contra dos, a propuesta del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, tras la solicitud presentada por un grupo de tsotsiles de Chiapas. Quienes votaron en contra fueron las ministras Yasmín Esquivel y María Estela Ríos.
Con ello, el ministro o ministra a quien le sea turnado el asunto propondrá un proyecto al Pleno que revise el alcance de las sentencias de amparo y las obligaciones de autoridades de los tres niveles de gobierno frente al desplazamiento forzado, a la luz del artículo 22.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Este caso deriva de un recurso de revisión de un amparo interpuesto por 308 indígenas tsotsiles de Chiapas.
Los solicitantes, integrantes de la organización “Las Abejas”, denuncian la falta de atención estatal ante el desplazamiento forzado que sufrieron tras conflictos armados en la región de los Altos a finales de los años noventa.
Algunos de los promoventes del juicio estuvieron presentes en la sesión del Pleno de la Suprema Corte, para ser testigos de la votación del recurso de facultad de atracción.
El 12 de agosto de 2009 la Corte resolvió diversos asuntos relacionados con el proceso penal seguido contra personas acusadas por los hechos del 22 de diciembre de 1997 en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó.
La resolución derivó en la liberación de 20 paramilitares y 12 indígenas previamente sentenciados, tras acreditarse violaciones al debido proceso.
