- La fiscal general de Nueva York, Letitia James, junto con los fiscales generales de otros 23 estados, presentó una nueva demanda para bloquear el régimen arancelario global del Presidente Trump.
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CIUDAD DE MÉXICO.- La fiscal general de Nueva York, Letitia James, junto con los fiscales generales de otros 23 estados, presentó una nueva demanda para bloquear el régimen arancelario global del Presidente Trump, apenas días después de que una histórica decisión de la Corte Suprema anulara su iniciativa anterior, reportó CNBC.
La demanda, presentada hoy ante el Tribunal de Comercio Internacional, busca declarar ilegales los últimos aranceles de Trump y ordenar reembolsos a los estados.
El mes pasado, la Corte Suprema invalidó la mayoría de los amplios aranceles del llamado “Día de la Liberación”, implementados por Trump el año pasado, al considerar que su uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponerlos fue indebido.
Sin embargo, el presidente intentó mantener vigente su política emblemática al anunciar de inmediato una nueva ola de aranceles basada en otra norma: la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974.
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Ese arancel global está actualmente fijado en 10 por ciento, pero la administración Trump ha dicho que planea aumentarlo a 15 por ciento.
“Tras el rechazo de la Corte Suprema a su primer intento de imponer aranceles radicales, el presidente está provocando un mayor caos económico y espera que los estadounidenses paguen la factura”, declaró James a CNBC.
“El Presidente Trump está ignorando la ley y la Constitución para aumentar los impuestos a los consumidores y a las pequeñas empresas”, afirmó.
En su demanda, James y la coalición argumentan que Trump está haciendo un uso indebido de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que -según sostienen- fue diseñada para abordar desequilibrios monetarios específicos que podían surgir cuando EU se regía por el patrón oro, y no para combatir desequilibrios comerciales.
Los fiscales generales también sostienen que los aranceles violan el principio constitucional de separación de poderes, que otorga al Congreso la facultad de imponerlos, y que los gravámenes de Trump incumplen los requisitos de la Ley de Comercio de 1974, que exige su aplicación uniforme entre países.
Según James, esta iniciativa constituye un “claro intento de eludir el fallo de la Corte Suprema en el caso contra los aranceles impuestos bajo la IEEPA”.
