- Suprema Corte pone freno a controles sobre pesca y ganado en los estados de Sinaloa y Nayarit, por invadir facultades exclusivas de la Federación en materia de sanidad animal y movilización de mercancías.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- En una jornada marcada por la redefinición de competencias entre la Federación y los estados, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió dos controversias constitucionales que delimitan hasta dónde pueden llegar las entidades federativas en la regulación de actividades productivas vinculadas con la sanidad animal y la movilización de mercancías.
En ambos casos —relacionados con leyes estatales de pesca en Sinaloa y de ganadería en Nayarit— el máximo tribunal concluyó que los congresos locales invadieron atribuciones exclusivas del gobierno federal, particularmente en materia de control sanitario y de libre tránsito de mercancías dentro del territorio nacional.
Las sentencias, basadas en proyectos elaborados por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, forman parte de una serie de litigios mediante los cuales el Poder Ejecutivo Federal ha buscado frenar intentos de los estados por establecer regímenes regulatorios propios sobre la movilización de productos agropecuarios y pesqueros.
El caso Sinaloa
En la controversia constitucional 215/2025, el Gobierno federal impugnó reformas a la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables de Sinaloa que permitían a autoridades estatales instalar puntos de verificación para inspeccionar el traslado de productos pesqueros.
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Las disposiciones autorizaban establecer retenes fijos y móviles en carreteras, accesos, vías de comunicación e incluso pistas aéreas, con facultades para revisar vehículos que transportaran recursos pesqueros o acuícolas.
Además de inspeccionar la documentación correspondiente, las autoridades locales podían impedir la internación o circulación de mercancías que no cumplieran con los requisitos definidos por el gobierno estatal.
Para la Corte, esas atribuciones configuraban un sistema estatal autónomo de verificación sanitaria, paralelo al régimen federal.
El tribunal concluyó que las normas impugnadas invadían la competencia exclusiva de la Federación en materia de salubridad general, particularmente en lo relativo al control sanitario de productos y servicios y a la determinación de requisitos zoosanitarios.
En consecuencia, declaró la invalidez de los artículos 67 Bis y 67 Bis A de la ley estatal.
El caso Nayarit
Una lógica similar llevó al tribunal a anular parcialmente disposiciones de la Ley Ganadera y de Desarrollo Pecuario del estado de Nayarit, impugnadas mediante la controversia constitucional 216/2025.
En este caso, el Gobierno federal cuestionó diversos artículos que establecían requisitos y autorizaciones estatales para la movilización de ganado dentro y fuera de la entidad.
La Corte determinó que los artículos 109, segundo párrafo; 110; y 114 instauraban un régimen estatal obligatorio que condicionaba el traslado de animales al cumplimiento de requisitos documentales y exigencias zoosanitarias definidas por autoridades locales.
Según el fallo, ese esquema invadía las atribuciones federales en materia de control sanitario y generaba restricciones indirectas al libre tránsito de mercancías, prohibidas por el artículo 117 de la Constitución.
El tribunal también invalidó por extensión partes de los artículos 108 y 131, que exigían la llamada Guía de Tránsito del Registro Estatal de Movilización (REEMO) para exportar ganado o para introducir animales provenientes de otras entidades.
No obstante, la Corte validó el artículo 59, fracción I, que únicamente establece instrumentos documentales para acreditar la propiedad o posesión legal del ganado, al considerar que esa regulación se inscribe dentro de las facultades administrativas locales.
Federalismo bajo disputa
Ambos fallos reflejan un patrón creciente de litigios en los que el gobierno federal recurre a la Suprema Corte para frenar disposiciones estatales que, a su juicio, interfieren con el sistema nacional de regulación sanitaria y comercial.
El trasfondo de estas controversias radica en el intento de algunos estados por reforzar sus mecanismos de control sobre actividades productivas estratégicas —como la pesca o la ganadería— con el argumento de combatir prácticas ilegales o fortalecer la trazabilidad de los productos.
Sin embargo, el tribunal reiteró que el diseño constitucional establece que materias como la sanidad animal, el control sanitario de productos y los requisitos zoosanitarios corresponden al ámbito federal.
Además, recordó que las entidades federativas tienen prohibido imponer obstáculos o restricciones al tránsito de mercancías entre estados, principio clave para el funcionamiento del mercado nacional.
