- La SCJN revisará la reforma eléctrica de 2025 que devolvió prioridad a la CFE sobre las empresas privadas.
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CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará la reforma legal de marzo de 2025 al sistema eléctrico nacional, por la cual se revirtieron definitivamente los cambios implementados en el sexenio de Enrique Peña Nieto para dar preeminencia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las empresas privadas.
El presidente de la Corte, Hugo Aguilar, admitió hace dos semanas un recurso de revisión de la empresa Transformadora de Energía Eléctrica de Juárez, una permisionaria de autoabastecimiento que impugnó múltiples aspectos de las nuevas normativas de la CFE, del sector eléctrico y de la Comisión Nacional de Energía (CNE).
Dichas normas reemplazaron a las emitidas en 2014, durante la gestión de Enrique Peña Nieto, y para el Primer Tribunal Colegiado Especializado en Competencia Económica deben ser estudiadas por la Corte por tratarse de leyes federales sobre las que el máximo tribunal no se ha pronunciado.
Las leyes de 2025 derivan de cambios constitucionales que afianzaron la supremacía de la CFE, por lo que será mucho más difícil que la empresa privada pueda lograr algo en la Corte, salvo, tal vez en algún tema técnico específico.
“La parte quejosa sí resiente una afectación en su esfera jurídica a partir de la entrada en vigor del decreto reclamado pues, en su calidad de agente económico participante del mercado de energía eléctrica, se ocupa de la generación de energía eléctrica para el autoabastecimiento de sus socios y para la venta a la CFE, con sustento en el permiso que le fue otorgado para dicha actividad.
“Por lo anterior, es destinataria directa de la normatividad reclamada”, afirmó el tribunal colegiado.
Agregó que al reforma elimina el esquema de “porteo estampilla”, por el cual este tipo de productores privados pagaban una tarifa a la CFE para conectarse a su red de transmisión.
“Mediante el acto reclamado se revierte la evolución constitucional y legal de la regulación del permiso de autoabastecimiento y la participación de la quejosa en la actividad de generación de energía eléctrica, puesto que se derogan los principios y derechos que se habían anteriormente otorgado a los permisos de autoabastecimiento y a la participación de la quejosa como particular en la actividad de generación de energía eléctrica”, afirma la empresa en su demanda.
Debido a la reforma constitucional de Morena en materia de amparo, de octubre de 2024, cualquier sentencia que dicte la Corte sólo tendría efectos para la empresa quejosa, no para el resto del sector.
Lo anterior, en contraste a la antigua integración de la Corte, que en enero de 2024, con el voto de sólo dos Ministros de la Segunda Sala en un amparo, invalidó con efectos generales una reforma de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), que era contraria a la Constitución como se reformó en el sexenio de Peña.
Las leyes de 2025, en cambio, derivan de cambios constitucionales publicados en octubre de 2024, que afianzaron la supremacía de la CFE, por lo que es poco probable que la empresa privada pueda lograr algo en la Corte, varios de cuyos integrantes actuales son férreos defensores del control estatal sobre el sector.
