- Familias y colectivos exigieron al Gobierno transparentar la depuración del registro de desaparecidos y corregir expedientes incompletos.
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- Las familias y colectivos dedicados a la búsqueda de personas pidieron al Gobierno federal que transparente la metodología sobre la depuración de cifras en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, al tiempo de exigir que se corrijan los expedientes reportados como incompletos.
Afirmaron que el número de expedientes no equivale al número de personas desaparecidas, por lo que no debe utilizarse para minimizar la magnitud de la desaparición de personas en México.
“Manifestamos nuestra preocupación ante una actualización que privilegia la gestión administrativa sobre la realidad de las familias en territorio.
“A pesar de los discursos de cercanía, observamos con preocupación que continúan tomando decisiones sin consultar de forma amplia y participativa a las familias y plataformas, siendo que el año pasado impulsamos un diálogo con la Secretaría de Gobernación para establecer una agenda amplia para la búsqueda, investigación, identificación y restitución de nuestros seres queridos”, señala un comunicado emitido por el Contingente Contra las Desapariciones LGBTTTIQ+, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), y la Unión y Red Nacional de Búsqueda de Personas-RIAPD.
El viernes, en Palacio Nacional, funcionarios del Gobierno federal presentaron cifras sobre las personas desaparecidas, estableciendo el número de 130 mil 178, en el periodo de 2026 a la fecha.
De esa cifra, se estableció que 46 mil 742 son expedientes con datos insuficientes para iniciar investigaciones; 40 mil 308 son casos con actividad después de la desaparición, por lo que podrían estar vivas; y 43 mil 128 no tienen actividad, de los cuales 3 mil 869 están relacionados con carpetas de investigación.
Sobre ello, los colectivos y plataformas de búsqueda reclamaron que no se haya detallado la metodología de los datos presentados.
“El uso de criterios meramente burocráticos para dimensionar la crisis corre el riesgo de minimizar la dimensión real del delito.
“Una base de datos sustentada principalmente en la denuncia penal ignora la realidad de las fiscalías en México, así como el subregistro derivado de la desconfianza a las instituciones y la falta de condiciones de seguridad para denunciar”, alertaron sobre el criterio aplicado para separar expedientes.
También manifestaron que es obligación de las autoridades dar seguimiento a la información que tienen sobre desapariciones.
“Sobre los registros señalados como ‘sin información’, aproximadamente 46 mil, recordamos que es responsabilidad de las autoridades asegurar que cada reporte cuente con información completa y necesaria para la búsqueda.
“Clasificar estos casos bajo esta categoría es una omisión de la responsabilidad del Estado en su deber de seguimiento con participación de las familias”, remarcaron.
Señalaron que la falta de datos en un registro es un reflejo de la inacción institucional, no una justificación para dejar de buscar.
En otro punto, los colectivos y plataformas para la búsqueda de personas reclamaron que sigue pendiente el diálogo con la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien dijo que sí se reúne y sí ha atendido a familias buscadoras.
Las organizaciones indicaron que, en su caso, persisten dudas en la implementación desde 2017 de la Ley General sobre Personas Desaparecidas, las cuales se acumularon con los pendientes derivados de la reciente reforma a la legislación.
“La política de Estado en materia de desaparición no puede construirse desde la opacidad”, manifestaron.
Reiteraron la exigencia de tener acceso amplio a la información.
“Debe garantizarse la transparencia y el acceso pleno a la información para las familias, particularmente sobre la metodología y seguimiento alrededor del RNPDNO y de la Base Nacional de Carpetas de Investigación, así como todos los procesos relacionados a la búsqueda, investigación e identificación”.
Manifestaron también tiene que garantizarse la búsqueda integral de todas las personas reportadas como desaparecidas.
“El Estado debe garantizar que toda persona sea buscada con debida diligencia, independientemente de su estatus administrativo o penal”, exigieron.
Sobre la reunión con Sheinbaum, reiteraron la solicitud de encontrarse con ella, realizada desde octubre de 2024.
“Seguimos esperando su respuesta”, señalaron las organizaciones, al insistir con su lema “¡Sin las familias no!”.
La postura de reclamo al Gobierno por parte de familias y plataformas de búsqueda de desaparecidos se suma a la crítica que también emitieron el Centro Prodh, Fundar, Data Cívica, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Elementa, Justicia pro Persona, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Global Exchange, Voces Mesoamericanas, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Amnistia Internacional y Causa en Común.
Las familias buscadoras y las organizaciones coinciden en cuestionar la metodología aplicada para depurar cifras y en reclamar que sigue siendo obligación del Estado encontrar a los desaparecidos, tengan o no expedientes completos.
