- La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) presentó su primera demanda colectiva en contra de 53 gaseras, con el objetivo de que reparen daños causados por malas prácticas al manipular precios durante 10 años.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) presentó su primera demanda colectiva en contra de 53 gaseras, con el objetivo de que reparen daños causados por malas prácticas al manipular precios durante 10 años.
Esta acción deriva de una resolución donde se descubrió y sancionó un acuerdo colusorio en el que Grupo Soni, Grupo Simsa, Grupo Nieto, Grupo Tomza, Grupo Global Gas y Gas Metropolitano se pusieron de acuerdo para repartirse a la clientela a partir de la manipulación de precios.
Estas empresas actuaron en la Ciudad de México, Estado de México y distintas localidades en Colima, Tamaulipas y Sinaloa, y ahora se les exigirá reparar los daños ocasionados a los consumidores afectados.
Como resultado de estas conductas ilegales, se cobraron sobreprecios que derivaron en un daño a los consumidores de más de 13 mil millones de pesos.
“Derivado de lo anterior, la Comisión Nacional Antimonopolio decidió presentar esta demanda colectiva para que, además de las multas administrativas impuestas, los infractores reparen el daño causado a la sociedad”, subrayó la Comisión.
Añadió que el gas LP es un bien de uso cotidiano en los hogares mexicanos: 8 de cada 10 familias lo utilizan como principal combustible para la preparación de alimentos, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares.
Por ello, las afectaciones en este mercado impactan directamente en el gasto diario de millones de personas.
“El objetivo de esta demanda es que los infractores sean condenados a otorgar descuentos sobre el precio del Gas LP a todos los consumidores de las zonas afectadas, lo que permitiría una verdadera reparación del daño causado a las familias”, manifestó la Comisión Nacional Antimonopolio.
“Con esta acción, la Comisión reafirma su compromiso con una política de competencia que utilice todas sus herramientas para sancionar fuertemente a empresas que abusen de la población y que, a su vez, genere beneficios tangibles para las y los mexicanos”, agregó
*Con información de Agencia Reforma
