- Representantes del sector farmacéutico acusaron que el Poder Judicial obstaculiza la meta del Plan México de atraer 2 mil millones de dólares anuales en investigación clínica.
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CIUDAD DE MÉXICO.- El Poder Judicial se ha convertido en uno de los protagonistas principales para ir en contra de uno de los objetivos del Plan México: atraer 2,000 millones de dólares anuales en investigación clínica, denunciaron participantes del secor farmacéutico.
Ricardo del Olmo, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (Anafam), explicó en entrevista, que en México es posible revivir la patente de algún medicamento aunque haya expirado, porque jueces reactivan los derechos de exclusividad con base en disposiciones derogadas o tratados que ya no están vigentes.
Aseguró que el Poder Judicial está priorizando los intereses de farmacéuticas sobre los de la población y la salud pública.
“Esto ya venía desde antes, pero se ha acrecentado en el último año”, dijo.
En el mundo de las patentes farmacéuticas, dijo, se protegen hasta por 20 años y es efectiva desde que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) dan el registro.
Si bien se puede solicitar una extensión por tardanza en los trámites, ahora es posible ‘revivirlo’ con acuerdos caducados.
Por ejemplo, la molécula Denosumab, utilizada para tratamiento de cáncer oseo, cuya patente MX280497, expiró originalmente en junio de 2022.
Después de dos años, es decir, en agosto de 2024, el laboratorio Amgen solicitó al IMPI, 13 años 7 meses de haber recibido su constancia de la patente, la reinstalación basándose en un artículo del extinto TLCAN, el cual ya no estaba vigente cuando hizo la solicitud.
El IMPI negó la reinstalación, pero la empresa llevó el caso a un juez de Distrito, el cual, en enero de 2025 le ordenó al IMPI dar la prórroga.
El Instituto interpuso un recurso de revisión ante el Tercer Tribual Colegiado, según el expediente 166/2025, pero lo perdió.
Esta situación afecta registros de biosimilares a tres empresas a las que la Cofepris ya les habían autorizado el registro sanitario debido a que la patente ya era del dominio público, explicó Del Olmo.
