- La Comisión Anticorrupción pidió información a 163 notarías para investigar posibles actos relacionados con inmuebles del Gobernador Samuel García y su familia.
STAFF / AR
MONTERREY, NL.- La Comisión Anticorrupción del Congreso local pidió información a 163 notarías del Estado para determinar si hay actos jurídicos relacionados con la adquisición o protocolización de inmuebles por parte del Gobernador Samuel García y/o su familia.
Esto, dentro de la investigación en el juicio político contra el Ejecutivo por la presunta triangulación de recursos públicos, dijo ayer Armida Serrato.
La presidenta de la Comisión Anticorrupción y Diputada local del PRI agregó que desde el viernes y hasta ayer entregaron oficios demandando la información a las notarías para conocer si hay bienes del Gobernador que aún no hayan sido registrados o que no aparezcan en el Instituto Registral y Catastral del Estado.
“Esto para efecto de poder saber qué propiedades pudo haber obtenido el Gobernador del Estado y su familia, y que no hayan agotado el proceso de protocolización, es decir, que haya tenido un registro ante el notario, que se haya registrado obviamente esta propiedad y que no haya llegado al Instituto Registral y Catastral o simplemente no lo haga público”.
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Serrato dijo que a los notarios se les deja en claro que si no responden de manera veraz, podrían incurrir en delitos y que, incluso, se les podría suspender o revocar la patente.
La priista dijo que algunos notarios se han negado a recibir el oficio, y entre ellos señaló al número 149, Andrés Rodríguez Mercado, quien ha avalado transacciones inmobiliarias por las que el Ejecutivo y su familia se quedaron con un terreno en la Mesa de la Corona, en San Pedro, y la documentación de un terreno campestre en Burgos, Tamaulipas.
Agregó que el Notario 154, Pedro Rubén Torres Estrada -quien fue parte del consejo de asesores del Gobernador y coordinador jurídico de la reforma integral que éste impulsó a la Constitución local- inicialmente no aceptó el oficio, pero luego sí lo hizo, aunque sin sellarlo.
Detalló que en el caso de la Notaria 163, Priscila de la Vega, nuera de Javier Navarro, coordinador del Gabinete de Buen Gobierno, la dirección que aparece en el directorio de Notarías corresponde a unas oficinas abandonadas.
“Nos ha llamado la atención”, añadió, “que hay algunos notarios que han estado siendo cercanos al Gobernador, que no nos han recibido oficialmente la documentación”.
