- El posicionamiento de Quintana Roo en el lugar 30 de 32 a nivel nacional en percepción de corrupción, respecto a conceptos del Estado de Derecho, responde a imprecisiones metodológicas de los instrumentos de medición y a la subjetividad de la percepción ciudadana.
EUGENIO PACHECO
CHETUMAL, Q. ROO.- El posicionamiento de Quintana Roo en el lugar 30 de 32 a nivel nacional en percepción de corrupción, respecto a conceptos del Estado de Derecho, responde a imprecisiones metodológicas de los instrumentos de medición y a la subjetividad de la percepción ciudadana.
Así lo aclaró Alma Gabriela Arroyo Angulo, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Quintana Roo (Sesaqroo), al considerar que esa posición no refleja la realidad ni el impacto de las políticas públicas aplicadas.
Detalló que, aunque el estado ascendió del puesto 32 al 30 en la última medición del World Justice Project (WJP) publicada en 2024, ese avance no obedece a un cambio estructural cuantitativo dentro del índice, sino al deterioro relativo registrado en otras dos entidades del país.
Arroyo Angulo explicó que la percepción ciudadana sobre la corrupción es un parámetro fluctuante, condicionado por la temporalidad, coyunturas electorales y experiencias individuales inmediatas.
Identificó discrepancias en encuestas nacionales como la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto gubernamental (Encig) y la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe)
A modo de ejemplo, señaló que, en los cuestionamientos sobre el conocimiento de actos de corrupción en los municipios, más de 120 mil personas responden afirmativamente.
Sin embargo, al indagar si han participado directamente en alguna práctica ilícita, la inmensa mayoría afirma no haberlo hecho.
“La corrupción tiene dos vías: quien la promueve y quien la acepta, y no es un fenómeno exclusivo del sector público”, sostuvo la titular del Sesaqroo.
Subrayó la necesidad de que los analistas técnicos adopten una postura rigurosa ante los indicadores macroinstitucionales.
Frente a las limitaciones de los índices de percepción, Quintana Roo puso en marcha desde hace dos años la Estrategia de Estado de Derecho, articulada en seis planes de trabajo transversales liderados por el Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Gobierno.
Entre los principales resultados destaca la aprobación e implementación del Plan de Persecución Penal de la FGE, elaborado con el acompañamiento técnico de organismos internacionales como World Justice Project y Documenta.
Ese mecanismo contempla un Consejo Ciudadano de Seguimiento integrado por cuatro representantes de la sociedad civil, incluyendo activistas de derechos humanos y redes femeninas.
Como parte de este ejercicio de contraloría social, autoridades judiciales y ministeriales entablaron mesas de trabajo directas con el Consejo Ciudadano y los organismos evaluadores para identificar embudos procesales.
Para agilizar la atención de carpetas de investigación y fortalecer la transparencia mediante un tablero de control accesible en el portal institucional de la FGE.
La titular de la Sesaqroo enfatizó que el objetivo primordial del gobierno estatal no es modificar una posición estadística en el corto plazo, sino restituir la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.
Anunció que se habilitará un micrositio y un visor ciudadano de la Estrategia de Estado de Derecho para documentar y transparentar públicamente cada una de las acciones implementadas, respondiendo a recomendaciones de organismos internacionales para sistematizar este modelo de gestión colaborativa.
