- A casi un año de haberse implementado la reconfiguración del Poder Judicial en Quintana Roo, abogados litigantes de Chetumal señalaron que la administración de justicia registra un avance lento.
EUGENIO PACHECO
CHETUMAL, Q. ROO.- A casi un año de haberse implementado la reconfiguración del Poder Judicial en Quintana Roo, abogados litigantes de Chetumal señalaron que la administración de justicia registra un avance lento.
Este escenario está marcado por la falta de personal, la insuficiente capacitación de juzgadores, decisiones sesgadas en materia de derechos humanos y la emisión de resoluciones influenciadas por la presión social.
Los licenciados Ángel Mauricio Mora Castillo y Jesús Ucán Montejo afirmaron que la reforma a la estructura judicial ha presentado severos retos operativos y procedimentales.
Explicaron que existen deficiencias técnicas en el actuar de algunos jueces al momento de aplicar el marco legal y de respetar las garantías fundamentadas a nivel nacional e internacional.
Mora Castillo destacó que, ante la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el Poder Judicial ha comenzado a capacitar internamente a sus juzgadores y operadores.
No obstante, enfatizó que estas capacitaciones no deben limitarse al personal institucional, sino extenderse a los abogados litigantes para garantizar un aprendizaje común que permita una representación legal adecuada a la ciudadanía.
Por su parte, Ucán Montejo sostuvo que la falta de cursos para los litigantes genera una desventaja en el desarrollo de los procedimientos judiciales.
Advirtió que, ante temas de trascendencia mediática o presión social, se tiende a privar de la libertad a las personas sin agotar medidas cautelares menos lesivas, contraviniendo tratados internacionales de los que México forma parte y vulnerando el principio de presunción de inocencia.
Con relación al rezago procesal, los declarantes señalaron que la escasez de personal en los juzgados provoca demoras significativas en el acuerdo de escritos y en la programación de audiencias.
Según explicaron, las promociones presentadas en materia penal pueden tardar de uno a tres meses en ser acordadas, mientras que la fijación o diferimiento de audiencias extiende los litigios hasta por seis meses o más, contraviniendo el principio constitucional de una justicia pronta y expedita.
Respecto al mecanismo de selección, Mora Castillo se pronunció en contra de la elección popular de jueces y se manifestó a favor de regresar al examen de oposición y la carrera judicial.
Argumentó que los juzgadores deben contar con el perfil técnico y la experiencia necesaria antes de asumir el cargo.
El balance crítico realizado por los profesionales del derecho en el estado coincide con los reveses judiciales que ha enfrentado la legislación que dio origen a esa reestructuración.
En julio de 2026, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 99/2025 y su acumulada 100/2025, mediante la cual invalidó diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.
Esto, por apartarse del modelo constitucional federal. Y ordeno que en 2028 todos los magistrados y jueces en funciones jurisdiccionales en Quintana Roo, deben ser electos por el pueblo.
