Sergio León Cervantes
México tardó cuatro décadas en construir una economía abierta. En 1986 ingresamos al GATT; en 1994 el TLCAN marcó un parteaguas y después el T-MEC consolidó nuestra integración productiva con Norteamérica.
Aprendimos a importar, transformar y exportar.
Hoy somos una potencia manufacturera. En 2025 exportamos 664 mil millones de dólares y solamente entre enero y julio de 2026 otros 471 mil millones. En julio, 81.6% de nuestras importaciones fueron bienes intermedios y 93.7% de nuestras exportaciones fueron manufacturas.
En español: importamos para producir y producimos para exportar.
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Por eso considero un grave error el planteamiento de la nueva reforma a la Ley Aduanera.
Combatir subvaluación, contrabando y evasión es indispensable. Quien defrauda debe pagar. Pero una cosa es perseguir al tramposo y otra construir una medicina capaz de enfermar también al paciente sano.
Pongámoslo sencillo.
Supongamos que Aduanas tiene como referencia una mercancía idéntica o similar con valor de $100. Actualmente, para determinado supuesto del artículo 151, fracción VII, el embargo precautorio por valoración requiere que el valor declarado sea 50% o más inferior: alrededor de $50 o menos.
La iniciativa propone eliminar ese umbral.
Ahora imaginemos que un importador acredita una compra en $95. Esos cinco pesos pueden obedecer a volumen, descuento, temporalidad, contrato anual, especificaciones o condiciones comerciales legítimas. No significan automáticamente fraude. Pero eliminado aquel umbral, diferencias mucho menores pueden entrar al terreno de revisión y, cumpliéndose los demás supuestos legales, de una medida precautoria.
El problema no es revisar.
El problema es detener.
Y no hablamos solamente de escenarios. Durante la discusión legislativa, representantes de la industria de autopartes expusieron el caso de una empresa cuya mercancía permaneció retenida alrededor de seis meses, incluso después de haber cubierto contribuciones, actualizaciones y recargos determinados.
Seis meses.
Para una fábrica significa capital inmovilizado, almacenajes, posibles líneas de producción detenidas, incumplimientos con clientes y exportaciones comprometidas.
Ahora dimensionemos el riesgo: en julio, de los 82,268 millones de dólares que México importó, 67,132 millones fueron bienes intermedios. Al mismo tiempo, de 81,420 millones exportados, 76,306 millones fueron manufacturas.
En México, detener una importación puede significar detener una exportación.
Y también podemos detener inversión.
En el primer semestre de 2026 México recibió casi 35 mil millones de dólares de inversión extranjera directa. Pero 88.5% correspondió a reinversión de utilidades y apenas 7.8% a nuevas inversiones.
Esto significa algo enorme: México vuelve a competir cada año por el dinero de las empresas que ya están aquí.
Una multinacional puede producir hoy en México y mañana decidir si sus siguientes 100, 500 o 1,000 millones de dólares se reinvierten aquí o en otro país.
Por eso la certeza jurídica y el Estado de derecho también son variables económicas.
Un inversionista puede calcular un impuesto, un arancel, salarios o transporte. Lo que difícilmente puede calcular es cuánto cuesta una mercancía que no sabe si permanecerá detenida cinco días, cinco semanas o seis meses.
Y aquí aparece la paradoja.
Para 2027 el Gobierno proyecta un gasto superior a 10.6 billones de pesos y busca llevar los ingresos tributarios a niveles históricos mediante mayor recaudación, fiscalización y combate a la evasión.
Necesitamos recaudar. Claro que sí.
Pero el dinero público no nace en Hacienda. Antes alguien tuvo que invertir, producir, vender, contratar trabajadores, importar, exportar y generar utilidades para que finalmente existieran impuestos.
Si buscando recaudar más generamos incertidumbre, mayores costos y menor inversión, podemos construir un círculo perverso: menor crecimiento, mayor necesidad de recursos, mayor presión recaudatoria, menor inversión y nuevamente menor crecimiento.
Y Quintana Roo tampoco vive aislado.
Nuestro PIB cayó 3.9% en 2024; la construcción, 19.5%; alojamiento y preparación de alimentos, 5.3%. Hoteles, restaurantes, hospitales, constructoras y comercios utilizan tecnología, maquinaria, mobiliario, alimentos, textiles, refacciones y equipamiento que cruza nuestras aduanas.
No necesitamos otra piedra en la mochila.
México debe combatir la subvaluación utilizando inteligencia, tecnología, trazabilidad y análisis de riesgo. Castiguemos con toda la fuerza de la ley al que defrauda, pero construyamos procedimientos rápidos y transparentes para que el empresario cumplido pueda acreditar el valor de su mercancía sin paralizar su operación.
Recaudar más no necesariamente significa recaudar mejor.
El Gobierno necesita recursos para administrar al país. Pero necesita primero empresas que inviertan, trabajadores que produzcan y una economía que crezca.
Después de cuarenta años construyendo esta maquinaria productiva, no cometamos el error de desarmarla tratando de recaudar más.
No destruyamos mañana la fuente de los impuestos que queremos cobrar hoy.
¡Hasta la próxima semana, con nuevos retos y oportunidades!
Sin miedo a la cima, que el éxito ya lo tenemos.
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