- La administración de Joaquín ‘Huacho’ Díaz Mena cumple dos años entre cuestionamientos por la composición de su gabinete.
MAR Y SOL CHABLÉ
MÉRIDA, YUC.- La administración de Joaquín “Huacho” Díaz Mena cumple dos años entre cuestionamientos por la composición de su gabinete, la situación de seguridad en Yucatán y los reportes periodísticos sobre el crecimiento de su patrimonio.
El mandatario llegó al gobierno con la promesa de impulsar la llamada cuarta transformación en la entidad. Sin embargo, la incorporación de funcionarios vinculados a anteriores administraciones priistas y de operadores con antecedentes en el PAN ha generado críticas sobre el alcance del cambio político ofrecido durante su campaña.
Uno de los principales señalamientos se relaciona con la integración de su equipo. Aunque Díaz Mena ganó la gubernatura bajo las siglas de Morena, su administración incorporó a personajes que ocuparon cargos durante los gobiernos de Ivonne Ortega Pacheco y Rolando Zapata Bello, así como a exmilitantes panistas.
La presencia de estas figuras en secretarías y áreas estratégicas ha provocado fricciones internas y cuestionamientos sobre la influencia de los grupos políticos que participaron en administraciones anteriores.
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Entre las críticas figura la posible intervención de esos grupos en decisiones relevantes del gobierno estatal. No obstante, la trayectoria partidista de los funcionarios, por sí sola, no demuestra la existencia de una estructura paralela de gobierno ni permite establecer quién determina las decisiones de la administración.
Uno de los casos es el de Luis Hevia, cuya trayectoria incluye responsabilidades políticas y legislativas durante los gobiernos priistas y su posterior incorporación al equipo de Díaz Mena.
Durante el sexenio de Ivonne Ortega, Hevia ocupó espacios de decisión y mantuvo una posición relevante en las estructuras del PRI y del gobierno estatal.
En el periodo de Rolando Zapata Bello encabezó la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado y participó como operador electoral de su partido. Estas responsabilidades le permitieron mantener presencia en la vida política de Yucatán.
En la actual administración ocupa el cargo de secretario técnico de la Secretaría Técnica de Evaluación y Planeación, vinculada al proyecto Renacimiento Maya.
Otro caso es el de Alaine Patricia López Briceño, quien se incorporó a la estructura política estatal durante el gobierno de Ivonne Ortega. En 2009 fue integrada como secretaria del Comité Directivo Estatal del PRI en Yucatán.
Posteriormente, durante la administración de Rolando Zapata, continuó en el servicio público. En 2012 fue designada titular de la Secretaría de la Juventud de Yucatán, cargo que ocupó hasta 2016.
Entre 2016 y 2018 encabezó el Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán.
Díaz Mena la incorporó como titular de la Secretaría de Infraestructura para el Bienestar, una dependencia con responsabilidades en la ejecución de obra pública. La funcionaria también ha acompañado al gobernador en sus giras de trabajo por la Ciudad de México.
A estos perfiles se suman Dafne y Víctor López Martínez, quienes han mantenido vínculos con las estructuras políticas y administrativas de gobiernos anteriores en la entidad.
Durante la administración de Ivonne Ortega, Dafne López Martínez fue director general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán.
Su trayectoria continuó durante el sexenio de Rolando Zapata, cuando fue diputado local y posteriormente director general del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos, conocido como Cultur, organismo encargado de administrar infraestructura y servicios relacionados con el turismo y el patrimonio cultural.
En el gobierno actual se desempeña como coordinador de asesores y coordinador de proyectos estratégicos.
Por su parte, Víctor López Martínez ha desarrollado su trayectoria en el ámbito jurídico corporativo, el derecho internacional y la asesoría legal, además de mantener cercanía con círculos políticos vinculados a las anteriores administraciones priistas.
Actualmente es representante del Gobierno de Yucatán en la Ciudad de México, desde donde participa en la vinculación institucional de la administración estatal con autoridades federales y otros actores.
La incorporación de estos funcionarios, junto con otros perfiles que ocupan direcciones, subdirecciones y diversos cargos públicos, muestra la participación de personas con distintas trayectorias partidistas dentro del gobierno encabezado por Morena. Esa composición ha abierto el debate sobre la continuidad de los grupos políticos tradicionales y su influencia en el proyecto Renacimiento Maya.
Otro tema presente en la discusión pública es la salud del gobernador. El accidente automovilístico y las lesiones que sufrió antes del proceso electoral de 2024 dieron lugar a versiones sobre su condición física y su recuperación.
Las ausencias en algunos actos públicos y la información limitada sobre su atención médica han alimentado esas especulaciones. Sin embargo, tales circunstancias no permiten establecer, por sí mismas, que exista una condición de salud que limite su capacidad para ejercer el cargo.
En materia de seguridad, los operativos recientes de autoridades federales y estatales han puesto bajo revisión la narrativa de Yucatán como una entidad ajena a la presencia de grupos delictivos.
Las acciones coordinadas han permitido detectar células criminales y realizar cateos, aseguramientos de drogas y vehículos de alta gama, así como detenciones de presuntos operadores en zonas habitacionales de Mérida y municipios del interior del estado.
Estos hechos han generado cuestionamientos sobre el uso del territorio yucateco como ruta de tránsito, lugar de resguardo o espacio para actividades logísticas de grupos criminales. El alcance de esas operaciones debe distinguirse de la situación general de seguridad de la entidad.
Aunque Yucatán ha mantenido una de las tasas más bajas de homicidio doloso del país, también enfrenta señalamientos relacionados con la violencia contra las mujeres.
Registros oficiales y reportes de organizaciones civiles han advertido sobre un incremento de la violencia extrema contra ellas. La evaluación de esa tendencia requiere precisar los periodos de comparación y distinguir entre los diferentes delitos e indicadores.
La discusión pública, por tanto, no se limita a la posición de Yucatán en las estadísticas nacionales de seguridad. También comprende la eficacia de las políticas de prevención, la atención a las víctimas y la procuración de justicia en los casos de violencia contra las mujeres.
En el ámbito patrimonial, investigaciones de medios locales han señalado un crecimiento de las propiedades rurales de Díaz Mena durante los últimos años, incluidos los meses posteriores a su llegada al gobierno.
De acuerdo con esos reportes, las propiedades y ranchos identificados suman más de 235 hectáreas. Varias se ubican en municipios del oriente del estado, particularmente en la región de Tizimín, caracterizada por su actividad ganadera.
Las publicaciones también señalan que algunas propiedades están registradas a nombre de familiares cercanos. Esa circunstancia requiere distinguir entre los bienes del mandatario y los de terceros, así como acreditar documentalmente cualquier relación patrimonial.
Los señalamientos han motivado exigencias de transparencia y fiscalización por parte de opositores y colectivos ciudadanos, quienes cuestionan la correspondencia entre las adquisiciones reportadas y los ingresos declarados durante la trayectoria del gobernador en el servicio público.
La revisión de esos cuestionamientos requiere contrastar los reportes periodísticos con las declaraciones patrimoniales, los registros de propiedad y las explicaciones de las personas involucradas. Los señalamientos, por sí mismos, no acreditan irregularidades.
Al cumplir dos años de mandato y de cara al proceso electoral de 2027, Díaz Mena enfrenta el reto de responder a las críticas sobre la integración de su administración, los resultados en seguridad y la transparencia patrimonial.
La permanencia de funcionarios vinculados a los gobiernos de Ivonne Ortega y Rolando Zapata mantiene abierto el debate sobre la influencia de esas corrientes políticas en la administración estatal y sobre el alcance de la transformación prometida por Morena en Yucatán.
