- El movimiento Sindicalismo Veracruzano anunció la suspensión de la aplicación del sueldo regulador utilizado para calcular pensiones del Instituto de Pensiones del Estado.
JORGE GONZÁLEZ
XALAPA, Ver.-El movimiento Sindicalismo Veracruzano anunció la suspensión de la aplicación del sueldo regulador utilizado para calcular pensiones del Instituto de Pensiones del Estado (IPE).
Esto, luego de alcanzar un acuerdo con la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) para revisar los casos de trabajadores que denunciaron reducciones en sus prestaciones de jubilación.
El acuerdo contempla reconocer los ascensos obtenidos mediante promociones escalafonarias y considerar el último sueldo de cotización registrado al momento de la baja laboral, en los casos que corresponda.
La medida busca atender las inconformidades de trabajadores que señalaron que el procedimiento de cálculo les otorgaba una pensión inferior a la que esperaban después de años de servicio y aumentos salariales.
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De acuerdo con las organizaciones sindicales, las afectaciones se presentaron particularmente entre derechohabientes que se incorporaron al sistema de pensiones cuando estaban vigentes las leyes número 5 y 20, actualmente abrogadas, y cuyos trámites de jubilación se resolvieron o iniciaron a partir de 2024.
El anuncio se realizó después de diversas mesas de trabajo entre representantes sindicales y el equipo de asesores de Sefiplan.
Las negociaciones fueron encabezadas por José Antonio Bretón Betanzos, coordinador de asesores de la dependencia, en representación del secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Santiago Reyes Hernández.
El conflicto se centra en el denominado sueldo regulador, un mecanismo que utiliza un promedio ponderado para determinar la base de cálculo de determinadas pensiones.
De acuerdo con los representantes sindicales, este procedimiento provocó que algunos trabajadores que obtuvieron ascensos y mejoras salariales durante su trayectoria laboral recibieran montos de jubilación menores a los que esperaban con base en su último salario de cotización.
La inconformidad radica en que los incrementos obtenidos mediante promociones escalafonarias no se reflejaban de la manera esperada en el cálculo de las prestaciones, lo que motivó las gestiones ante las autoridades estatales.
Sin embargo, el sueldo regulador no es un mecanismo de reciente creación. En agosto pasado, información atribuida al propio IPE señaló que esta disposición está contemplada en la Ley 287 de Pensiones del Estado desde 2014 y que comenzó a aplicarse en 2017.
Por ello, el alcance del acuerdo anunciado por los sindicatos deberá precisarse en su aplicación administrativa y normativa, particularmente respecto de los expedientes que serán revisados y las condiciones que determinarán el monto correspondiente a cada trabajador.
Sindicalismo Veracruzano informó que las personas que consideren haber sido afectadas por el cálculo del sueldo regulador pueden acudir a las organizaciones sindicales que integran el movimiento para solicitar que sus casos sean reconsiderados en las mesas de trabajo subsecuentes.
La agrupación está conformada por 32 organizaciones magisteriales y 28 sindicatos de los poderes Ejecutivo y Judicial, organismos públicos descentralizados, ayuntamientos y la Universidad Veracruzana.
Además de organizaciones como la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC).
Los representantes sindicales señalaron que darán seguimiento a los compromisos alcanzados para verificar que se traduzcan en cambios concretos en las resoluciones de pensión y en la atención a los derechohabientes afectados.
Reconocieron la intervención de la gobernadora Rocío Nahle García para facilitar el diálogo con las autoridades financieras del estado y atender las demandas planteadas por los trabajadores.
De acuerdo con la información difundida por las organizaciones, los acuerdos fueron incorporados al Reglamento de Prestaciones Institucionales del IPE y aprobados durante una sesión extraordinaria del Consejo Directivo celebrada el 26 de octubre.
La publicación de las modificaciones en la Gaceta Oficial del Estado quedó pendiente, según el anuncio.
