- El Pleno anuló, con base en precedentes, cobros por telecomunicaciones, energía, gas y uso de suelo previstos en leyes de ingresos 2026 de municipios de Durango, Guerrero, Michoacán, Sonora e Hidalgo; el ministro presidente Hugo Aguilar llamó a municipios y congresos a dejar de repetir los mismos vicios cada año.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.– El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucionales diversos cobros contenidos en las leyes de ingresos 2026 de municipios de Durango, Guerrero, Michoacán, Sonora e Hidalgo, al considerar que invaden competencias reservadas a la Federación o que no guardan relación con el costo real de los servicios municipales.
En la sesión de este jueves, los ministros resolvieron además cuatro controversias del Poder Judicial de Morelos relacionadas con pensiones por jubilación, una veintena de asuntos sin estudio de fondo y dos solicitudes de atracción en materia fiscal que fueron rechazadas.
El bloque central de la sesión agrupó 15 controversias constitucionales promovidas por el Poder Ejecutivo Federal y una acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Al tratarse de asuntos con criterios ya definidos, se votaron de manera conjunta y sin debate.
La Corte invalidó cobros municipales por licencias para la instalación de antenas e infraestructura de telecomunicaciones, placas de funcionamiento para servicios de telefonía celular e internet, canalizaciones para postes y casetas, así como derechos vinculados con instalaciones eléctricas, gaseras y gasolineras. En varios casos extendió la invalidez a otras disposiciones de las mismas leyes que reproducían el vicio.
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Entre los municipios afectados se encuentran Mezquital, Guanaceví, Mapimí y la capital de Durango; Huatabampo, en Sonora; Tepehuacán de Guerrero, en Hidalgo, y diversos ayuntamientos de Michoacán. El ministro Arístides Rodrigo Guerrero García explicó, a manera de ejemplo, que en el caso de Tepehuacán se cobraba por placas de funcionamiento para servicios de celular e internet, una materia reservada exclusivamente a la Federación.
Las votaciones no fueron uniformes en todos los rubros. El ministro Giovanni Figueroa Mejía se apartó de forma reiterada de invalidar los cobros por licencias de uso de suelo, mientras que la ministra Sara Irene Herrerías Guerra votó en contra de anular los derechos sobre gasolineras, estaciones de gas y redes eléctricas en Huatabampo, al sostener que la vinculación de una obra con esas actividades no convierte el cobro municipal en una contribución sobre materia federal.
En la acción de inconstitucionalidad 25/2026, promovida por la CNDH contra leyes de ingresos de municipios de Sonora, el Pleno invalidó por unanimidad multas por conductas imprecisas —como faltar al respeto a la autoridad, deambular en estado de ebriedad o causar escándalo— y la pérdida discrecional del descuento por pronto pago.
El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, votó en contra en los casos de Huásabas y Bacerac, al estimar que en localidades con poca población sí es posible precisar el alcance de esas conductas y concluir la votación señaló que cada año llegan a la Corte cientos de controversias con los mismos vicios, porque las leyes de ingresos tienen vigencia anual y se vuelven a aprobar en los términos que ya fueron declarados inconstitucionales.
Recordó que el criterio del Pleno es que el pago de derechos debe corresponder al gasto que realiza el municipio para prestar el servicio, y que sin un método objetivo para conocer ese costo no es posible justificar el monto del cobro.
Por lo mismo, Aguilar Ortiz invitó a los ayuntamientos y a las legislaturas estatales a consultar la metodología elaborada por el Centro de Estudios Constitucionales de la SCJN para calcular el costo de los servicios municipales, aunque precisó que el Pleno decidió no ordenar la adopción obligatoria de un método específico.
Pensiones en Morelos
En el último segmento, la Corte resolvió las controversias constitucionales 69, 341, 349 y 353 de 2026, promovidas por el Poder Judicial de Morelos contra decretos de pensión por jubilación emitidos por el Congreso local.
Por unanimidad se declaró la invalidez parcial del artículo segundo de los decretos, aunque la ministra Lenia Batres Guadarrama y el ministro presidente votaron en contra de anular la porción que permite solicitar reasignaciones presupuestales. La ministra María Estela Ríos González votó en contra de los efectos y anunció voto particular.
Por mayoría de ocho votos se reconoció la validez del artículo tercero, que actualiza el monto de las pensiones conforme al salario mínimo. Batres Guadarrama votó en contra al sostener que la actualización debe hacerse en Unidades de Medida y Actualización (UMA), como establece la Constitución.
También en un asunto de Morelos, la Corte revocó por mayoría un acuerdo que había tenido por cumplida una sentencia en la que se ordenó cubrir una pensión. Las ministras Batres Guadarrama y Loretta Ortiz Ahlf, así como el ministro presidente, votaron en contra: consideraron que el Congreso local ya había otorgado una ampliación presupuestal y que el faltante de alrededor de 60 mil pesos reclamado por el Poder Judicial estatal constituye un reclamo distinto.
Aguilar Ortiz recordó que la Corte ya ha establecido que no puede convertirse en órgano de vigilancia de la asignación presupuestal entre los poderes de esa entidad.
