‘Me fabricaron un delito para quitarme del camino’

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  • Tras recuperar su libertad por orden judicial, Jesús Carlos Hernández Hernández rompe el silencio y relata a Luces del Siglo el miedo, las pérdidas y el deterioro de su salud durante casi cuatro meses de encarcelamiento. 
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Jesús Carlos Hernández Hernández tiene 62 años, cinco hijos y una promesa pendiente con su padre fallecido: recuperar el terreno familiar en Cancún y entrar algún día a esa propiedad llevando consigo sus cenizas, como un acto simbólico de restitución.

Pero antes de cumplir aquella promesa, terminó encarcelado bajo una acusación de extorsión que, según su defensa, fue construida con pruebas manipuladas para apartarlo de una disputa inmobiliaria millonaria.

Hoy está libre. Y por primera vez desde su excarcelación, habla directamente con Luces del Siglo sobre lo que vivió durante casi cuatro meses de prisión, después de que este medio documentara las irregularidades de la acusación penal y sus posibles vínculos con los intereses económicos alrededor del desarrollo habitacional Aurora Towers.

“Nunca en mi vida, a mis 62 años, había pisado un Cereso, ni por ningún delito ni por nada. Es horrible cuando de repente te intercepta la policía y te sientes indefenso porque no sabes qué puede pasar”, relata.

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Su voz se quiebra al recordar los momentos posteriores a su detención, ocurrida el 14 de julio de 2026 en Mérida, Yucatán, cuando agentes de investigación le cerraron el paso mientras se disponía a trabajar como repartidor mediante la plataforma Uber.

“No sabes si te van a golpear, no sabes si te van a desaparecer, no sabes si le van a avisar a tu familia. Todo es incierto”.

Aquella incertidumbre se prolongó durante su encarcelamiento en Cancún. Mientras él permanecía privado de la libertad, sus abogados intentaban desmontar una acusación de extorsión sustentada, entre otros elementos, en mensajes telefónicos que Jesús Carlos asegura jamás haber enviado.

El caso dio un giro judicial después de que Luces del Siglo publicara, el pasado cuatro de noviembre, el reportaje titulado “Ligan ‘falsa extorsión’ con Aurora Towers; arman todo un montaje”, en el que se expusieron los testimonios de su familia, las pruebas presentadas por su defensa y los antecedentes del conflicto inmobiliario.

La libertad de Jesús Carlos fue ordenada mediante la resolución 256/2026 de la Novena Sala con Competencia en el Sistema Penal Oral de Quintana Roo. La magistrada Teresa de Jesús Villa Velasco revocó el auto de vinculación a proceso por extorsión y la medida de prisión preventiva, al advertir deficiencias en los elementos utilizados para sostener la imputación.

El fallo, correspondiente a la carpeta administrativa 589/2026, determinó que no existían elementos suficientes para mantenerlo vinculado a proceso por los hechos atribuidos.

Uno de los aspectos centrales fue la falta de sustento técnico para acreditar que los mensajes telefónicos utilizados en la acusación hubieran sido enviados por Jesús Carlos.

De acuerdo con la información judicial difundida por este periódico el 11 de noviembre, las supuestas comunicaciones incriminatorias fueron presentadas mediante capturas y fotografías de una pantalla, sin una extracción forense digital capaz de establecer plenamente su autenticidad y autoría. Además, la línea telefónica de la que supuestamente procedían los mensajes no estaba registrada a nombre del acusado.

Para Jesús Carlos, esa circunstancia refuerza su convicción de que alguien habría utilizado su identidad para construir la imputación. “Ese celular nunca fue mío. Nunca compré ese chip, nunca hice llamadas ni mensajes”, sostiene durante la entrevista.

El hombre recuerda que su trabajo como repartidor terminó convirtiéndose en una de las principales herramientas de su defensa. Los registros de actividad y ubicación de la plataforma Uber fueron utilizados para controvertir la versión acusatoria sobre su presencia en el lugar desde el que presuntamente se realizaron las comunicaciones.

“Creo que les falló al no pensar que yo trabajaba en Uber. Yo pienso que esa fue también un arma que usé para desmentir todo lo falso que hicieron”, afirma.

Asegura que los registros digitales de su jornada laboral permitían ubicarlo en el norte de Mérida, mientras la acusación relacionaba las supuestas comunicaciones con otra zona.

“Yo vi que el señor juez no quiso revisar bien las pruebas, donde se le decía que yo estaba en el norte y la prueba que me incriminaba estaba en el sur. Yo dije: ‘¿Entonces no hay justicia?’”.

La resolución de segunda instancia puso fin a su encarcelamiento por esa imputación, aunque no constituye por sí misma una sentencia que identifique a los responsables de la eventual fabricación de pruebas.

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EL TERRENO DETRÁS DE LA DISPUTA

El expediente penal tiene como antecedente un conflicto patrimonial por terrenos ubicados en la Supermanzana 295 de Cancún, una zona de alta plusvalía donde se desarrolla el conjunto habitacional Aurora Towers.

Según la investigación publicada por Luces del Siglo, el diferendo involucra los derechos reclamados por los herederos de Carlos Hernández Cantón, padre de Jesús Carlos, y los intereses del ‘propietario’ del inmueble, Alberto Millar López, quien promovió la denuncia por presunta extorsión.

La familia Hernández sostiene que el origen del conflicto se encuentra en un terreno de aproximadamente cinco hectáreas cuyos derechos patrimoniales reclaman desde hace años.

Según su denuncia, en octubre de 2022, Alberto Millar celebró un contrato de compraventa a plazos por 19 millones 500 mil pesos, formalizado ante el notario público 117, Fernando Enrique Chuc González, a favor de Héctor Manuel de Zulueta Ochoa y Héctor Manuel de Zulueta Razo, identificados como familiares de Juan Pablo de Zulueta Razo, director de Turismo del municipio de Benito Juárez.

De acuerdo con la documentación que sirvió de base para el reportaje, en octubre de 2025 se identificó a Desarrollo Laguna Aurora, S.A. de C.V., como promotora de un proyecto de cuatro torres de 20 niveles, con una inversión anunciada de dos mil 261 millones de pesos en la Supermanzana 295.

Estas operaciones y antecedentes forman parte del contexto inmobiliario del caso, aunque no acreditan por sí mismos responsabilidad de los compradores, desarrolladores o funcionarios mencionados en la acusación penal contra Jesús Carlos.

Para el heredero, sin embargo, la dimensión económica del proyecto permite comprender los intereses que podrían estar en juego.

“Yo no sabía quién estaba detrás de todo esto. Tal vez no sea Alberto, sino alguien más poderoso, con mucho dinero, porque para hacer un complejo se necesitan muchos millones de pesos o tal vez hasta de dólares”, expone.

Sobre la posible participación de otras personas o autoridades, aclara que no cuenta con información suficiente para identificarlas. “Exactamente no sé quién más esté involucrado”, reconoce.

El señalamiento que sí mantiene es su sospecha de que la acusación penal se relaciona con el conflicto patrimonial. Al preguntarle por la posible intervención de Alberto Millar, responde: “Yo creo que sí está relacionado porque usó palabras que tal vez solamente el señor Alberto pudiera usar en mi contra”.

Se trata de una sospecha expresada por Jesús Carlos que deberá ser investigada por las autoridades competentes para establecer si efectivamente existió suplantación de identidad, manipulación de evidencias o alguna conducta delictiva.

LA PROMESA QUE SOBREVIVIÓ A LA CÁRCEL

Más allá de los millones de pesos y del valor inmobiliario que adquirieron los terrenos, Jesús Carlos insiste en que su interés también tiene un significado familiar. Recuerda que su padre, Carlos Hernández Cantón, adquirió los terrenos por partes, cuando la zona todavía era monte.

Con maquinaria comenzó a abrir accesos, construir una rampa y preparar la propiedad.

Con el paso de los años, aquel patrimonio quedó inmerso en una prolongada disputa legal que su padre no alcanzó a ver resuelta. “El deseo de mi padre era volver a tener y pisar físicamente ese predio”, cuenta.

Antes de morir, Jesús Carlos le prometió que continuaría el litigio y que, si lograba recuperar legalmente la propiedad, llevaría sus cenizas al lugar. “No las iba a esparcir, pero sí me iba a llevar ese sabor dulce de que mi padre volvió a entrar, tal vez no físicamente, pero espiritualmente sí”.

Asegura que no pretende quedarse con la totalidad de los eventuales beneficios patrimoniales. “Mis hermanos, si yo gano, van a recibir una parte proporcional”, explica.

Su objetivo, afirma, es que la familia pueda ingresar nuevamente al terreno por la vía legal.

NUEVE HOMBRES EN DOCE METROS CUADRADOS

La experiencia penitenciaria dejó consecuencias que Jesús Carlos todavía enfrenta.

Durante la entrevista, describe cómo su salud se deterioró dentro del Centro de Reinserción Social de Cancún, donde permaneció recluido mientras se desarrollaba el proceso penal.

Padece diabetes y asegura haber perdido más de diez kilogramos durante el encarcelamiento.

Explica que recibió sus medicamentos para esa enfermedad, pero considera que la alimentación y las condiciones de alojamiento resultaron insuficientes para mantener un estado de salud adecuado.

También recuerda que dormía en el piso y compartía una celda de aproximadamente tres por cuatro metros con otras ocho personas adultas. “Estábamos encerrados nueve personas adultas en un espacio como de tres por cuatro. Es muy difícil. No puedes descansar bien”.

La falta de movilidad, sostiene, terminó afectándole el pie izquierdo. Además, asegura que desarrolló una tos persistente de la que todavía no consigue recuperarse.

“Mi salud se deterioró mucho. Yo ahorita estoy muy delgado por la falta de buena alimentación”, describe.

No todo fue negativo, puntualiza. A su juicio, dentro del penal existe mayor orden y se ha reducido el consumo de drogas. Sin embargo, advierte que también enfrentó limitaciones para caminar, descansar y acceder oportunamente a determinados medicamentos.

Sus declaraciones ponen sobre la mesa las condiciones de reclusión de las personas que permanecen privadas de la libertad durante procesos penales que pueden concluir sin una vinculación válida a proceso.

Pero el golpe más doloroso, confiesa Jesús Carlos, ocurrió lejos de los juzgados y de la disputa por el terreno. Su esposa y sus cinco hijos quedaron sin el ingreso que obtenía de su trabajo como repartidor.

La menor de sus hijas tiene apenas dos años y medio; los demás tienen siete, once, trece y 23 años. “Fue muy difícil porque yo era el sustento de ellos. Mi esposa no trabaja”, recuerda.

Durante las noches en prisión, la angustia por el futuro de su familia lo llevaba al llanto.

“Yo lloraba porque decía: ‘¿Quién va a darle de comer a mis hijos?’. Eso es lo que más me dolía dentro del penal”.

Por eso, cuando se le pregunta qué hará primero después de recuperar su libertad, no habla de demandas, terrenos ni indemnizaciones. “En lo personal quiero abrazar a mis hijos. Esa es una cuestión humana”, responde.

AHORA BUSCARÁ A LOS RESPONSABLES

La libertad de Jesús Carlos no representa el final del conflicto. Aunque la resolución judicial dejó sin efecto la vinculación a proceso por extorsión, el litigio patrimonial continúa siendo una controversia distinta, cuya resolución definirá los derechos sobre los terrenos reclamados.

Su defensa ya había adelantado, según informó Luces del Siglo el 11 de noviembre, que estudiaba acciones legales por posible falsificación de pruebas y fraude procesal.

Jesús Carlos confirma su intención de proceder jurídicamente contra quienes resulten responsables de su encarcelamiento, aunque deja las decisiones procesales en manos de sus abogados.

“Claro que sí. A excepción de que mi licenciado tenga otra alternativa, pero yo como hombre, claro que sí. Me voy contra los que resulten responsables y no tengo miedo de nada, ni aun de la muerte”, declara.

La eventual investigación tendría que determinar quién generó las comunicaciones atribuidas a Jesús Carlos, cómo se incorporaron al expediente, qué verificaciones efectuaron los investigadores y si existió alguna actuación deliberada para sostener una imputación penal sin fundamento.

También tendría que esclarecerse si hubo relación entre la denuncia por extorsión y el litigio inmobiliario, como sostiene la familia Hernández.

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