- El diputado panista Jorge Triana ofreció ayuda legal a ciudadanos afectados por citatorios que reclaman predios en la zona de Santa Fe.
CLAUDIA SALAZAR / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- El diputado panista Jorge Triana ofreció ayuda legal a ciudadanos afectados por citatorios que reclaman predios en la zona de Santa Fe para que combatan con amparos la medida de la Fiscalía General de la República (FGR).
Acusó que la intención de la FGR de apropiarse de inmuebles en Santa Fe, sin pagar indemnización, representa un acto de despojo y consideró que no tiene valor el decreto de nacionalización publicado durante el Porfiriato que es usado como sustento legal.
“Es un atentado a la propiedad privada, a los derechos más elementales y a las libertades; entonces, eso es lo que yo quería comentar y ponerme a la orden de todas las personas de la zona para poderlos asesorar jurídicamente y poder llevar a cabo una estrategia de defensa adecuada”, mencionó.
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El vicecoordinador del PAN en la Cámara baja dijo que posee los documentos que acreditan que no tiene validez alguna el decreto de 1907, ni la ley de 1894, porque ya fueron derogados.
“Estamos hablando de una Ley de 1909, diciembre 1909, donde se abroga la Ley de 1891, una ley en materia de lotes baldíos; estamos hablando de otra de 1931, otra de 1936. Por si fuera poco, en 1951, y para acabarla en 1992”, señaló en entrevista.
El blanquiazul explicó que se trata de leyes que han estado aprobadas y fueron vigentes después del decreto de Porfirio Díaz.
“Este es un verdadero despojo, es un abuso de autoridad, que incluso trasciende nuestras fronteras y que es materia de una denuncia de carácter internacional ante los tribunales correspondientes”, aseveró.
Triana señaló que no se trata de una expropiación, ya que no se pretende dar una indemnización, sino que lo que se busca es una apropiación de los predios a través de demandas civiles del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), así como de carpetas de investigación del área de terrorismo de la FGR.
Llamó a que los propietarios afectados se amparen antes de acudir al citatorio que les entreguen y “que sepan que es ilegal y que se están basando en un documento que ya está abrogado”, lo que implicaría un delito.
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