- Los denunciantes sostienen que los contratos firmados entre 2010 y 2011, cuando García Luna encabezaba la SSP, deben ser revisados, ya que podrían subsistir delitos no prescritos.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.– La Fiscalía General de la República (FGR) recibió una solicitud formal para reabrir la investigación contra Sergio Montaño Fernández, ex Oficial Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), por su presunta participación en actos de corrupción vinculados a la concesión de penales federales durante la administración de Genaro García Luna.
La petición fue presentada luego de que un tribunal federal determinara el cierre del caso debido a la prescripción de los delitos, aunque el proceso penal contra García Luna continúa en curso. Según los promoventes, aún existen elementos que justifican la reapertura del expediente y permiten investigar la posible implicación de Montaño Fernández en la firma de contratos que habrían generado un sobrecosto superior a los 62 mil millones de pesos en la construcción y operación de ocho centros penitenciarios de alta seguridad.
Los complejos penitenciarios en cuestión incluyen los ubicados en Balboa y Cristóbal, ambos situados en las inmediaciones del Canal de Panamá. De acuerdo con los documentos presentados, el proceso de concesión involucró a varias empresas privadas, entre ellas ICA, Arendal, Prodemex, GIA, Homex y Tradeco, alcanzando un monto aproximado de 270 mil millones de pesos.
Los denunciantes sostienen que los contratos firmados entre 2010 y 2011, cuando García Luna encabezaba la SSP, deben ser revisados, ya que podrían subsistir delitos no prescritos. Asimismo, señalan a Montaño Fernández como pieza clave en la adjudicación de dichos convenios, junto con otros ex funcionarios de la dependencia.
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La denuncia también menciona a Arturo Sosa Viderique, ex director de Administración, y a Marco Antonio Villarreal Gutiérrez, ex director de Adquisiciones, como posibles responsables. En contraste, otros ex servidores públicos, incluidos el General Sergio Alberto Martínez Castuera y varios ex directores de centros federales, fueron exonerados tras resoluciones judiciales previas.
Hasta el momento, la FGR no ha emitido una postura oficial sobre la solicitud. No obstante, los ciudadanos que presentaron la denuncia insisten en la necesidad de continuar con la investigación, argumentando que el caso refleja un ejemplo relevante del impacto de la corrupción en el sistema penitenciario federal y en los procesos de adjudicación pública.
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