Elmer Ancona Dorantes
Ahora nos queda claro porqué los jóvenes de México están cada vez más involucrados en las actividades del crimen organizado, y muy en particular en la escandalosa y sanguinaria industria del narcotráfico.
Hasta las máximas casas de estudio del país, como la Universidad de Guadalajara (UdeG), que recibe presupuesto público y se mantiene con los impuestos de los ciudadanos, permiten que se rinda tributo a los narcotraficantes más connotados de México.
El pasado fin de semana, en el auditorio de esta (¿prestigiada?) universidad pública, durante la participación de la banda sinaloense “Los Alegres del Barranco”, en pleno concierto se proyectaron imágenes de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Cabe recordar que el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca al arresto de este singular personaje.
Pero no nos interesa hablar de él. Lo que realmente nos inquieta, nos preocupa, nos irrita como mexicanos, es que la autoridad federal, igual que las estatales y municipales, permitan que estos personajes se metan en los círculos de vida dedicados a los jóvenes, como es el caso de las universidades.
¿Qué cuentas va a rendir la UdeG en este escandaloso caso? ¿Se lavará las manos como lo han hecho las fiscalías de este país? ¿Sancionará a los funcionarios académicos-administrativos que permitieron que se publicite a un narcotraficante en la casa de estudios?
La participación de jóvenes y niños en actividades relacionadas con el narcotráfico es un gravísimo problema que atormenta a todos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) proporciona datos específicos que reflejan la magnitud de este fenómeno.
En los primeros tres años del gobierno federal pasado (2019-2021), se imputaron a 15 mil 020 adolescentes por delitos de narcomenudeo en México.
Se estima que entre 145 mil y 250 mil menores de 18 años han sido reclutados por organizaciones criminales en el país.
Los estados con mayor porcentaje de menores de edad involucrados en actividades de narcomenudeo, de acuerdo con el Inegi, son el estado de México (15.5%), Nuevo León (11.1%), Chihuahua (9.6%), Coahuila (8.3%), Sonora (3%) y Ciudad de México (2.9%).
El reciente caso del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, utilizado para torturar y adiestrar a jóvenes en actividades criminales, es un hecho sin precedentes en México.
Este hallazgo sobre el reclutamiento y explotación de menores de edad en la región generó preocupación en la Opinión Pública.
Cabe precisar, tal como lo advierte la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), que aunque algunos menores de edad son detenidos por delitos relacionados con el narcomenudeo, estos niños y adolescentes deben ser considerados víctimas de reclutamiento y no infractores.
Esto no quita la urgencia de que las autoridades federales y estatales implementen políticas públicas efectivas para prevenir el reclutamiento de estos menores de edad, de nuestros jóvenes y universitarios, por ser una población vulnerable.
El rector de la UdeG debería estar ofreciendo una disculpa pública y extendiendo su renuncia por este lamentable y escandaloso suceso. No es para menos. La llamada narco-cultura debería ser prohibida, de manera tajante, en todos los espacios universitarios.
La UdeG está en el ojo del huracán y no puede quedarse muda, inerte, pasiva y tibia ante el escándalo que la envuelve. Es momento de un deslinde público ante todos los mexicanos.
@elmerando
